La Fiscalía General de la Nación acreditó ante un juez penal especializado de Antioquia el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes por parte de 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y, según la investigación, algunas fueron incorporadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física, en una práctica que afectó a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
La investigación estableció que, después de ser incorporados a las filas de la organización ilegal, los menores fueron obligados a cumplir diferentes tareas. Algunos debían prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres de los menores murieron mientras permanecían en las filas del ELN, de acuerdo con los elementos probatorios presentados durante el proceso judicial adelantado por la Fiscalía.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. La Fiscalía señaló que algunas niñas fueron sometidas por cabecillas de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Las autoridades judiciales consideraron que estas conductas afectaron gravemente el desarrollo de las víctimas y vulneraron su derecho a vivir una niñez y adolescencia dignas.
El juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a cuatro integrantes del Comando Central del ELN, conocido como COCE. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, recibieron penas de 20 años y 4 meses de prisión, según la decisión judicial comunicada por la Fiscalía General de la Nación.
También fueron condenados integrantes de estructuras regionales del ELN. Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, recibió una pena de 14 años y 2 meses de prisión, mientras Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, fue sentenciado a 12 años y 8 meses. Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, recibieron condenas de 11 años y 10 meses. La sentencia corresponde a hechos relacionados con el reclutamiento ilícito de menores.
El fallo también impuso condenas de 11 años y 8 meses a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón. De acuerdo con la Fiscalía, los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso judicial. La decisión de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y solicitar a Interpol las respectivas notificaciones rojas para hacer efectivas las penas.
Las órdenes de captura y los trámites internacionales quedarán sujetos a la evolución del proceso, debido a que la decisión judicial fue apelada. Las notificaciones rojas solicitadas buscan facilitar la ubicación y captura de los condenados, una vez se cumplan las condiciones jurídicas correspondientes. El caso expone nuevamente la dimensión de las afectaciones sufridas por menores incorporados a estructuras armadas ilegales y el alcance de las investigaciones judiciales sobre hechos ocurridos durante varios años en diferentes departamentos del país.
La condena establece responsabilidades penales frente a una práctica que involucró a 60 menores de edad y que, según la investigación, incluyó explotación, violencia y participación en actividades propias de la estructura armada. Tres víctimas murieron durante su permanencia en el ELN, mientras otras quedaron expuestas a distintas formas de violencia. La decisión de primera instancia constituye un avance judicial en el esclarecimiento de estos hechos, aunque su alcance deberá definirse tras la apelación presentada contra el fallo.
