La Policía Nacional de Colombia expulsó del territorio nacional a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija, respectivamente, de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, señalado máximo cabecilla de la organización criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’. Ambas ciudadanas ecuatorianas son requeridas por la justicia de su país por su presunta participación en un proceso relacionado con lavado de activos y fueron entregadas a autoridades ecuatorianas en Bogotá y permanecían en territorio colombiano.
El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con autoridades de Ecuador y la Agencia Federal de Investigación (FBI). La operación se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación establecidos entre Colombia y Ecuador para enfrentar estructuras de delincuencia organizada transnacional. La entrega se produjo en las instalaciones de la base aérea militar de CATAM, donde las autoridades ecuatorianas adelantaron el proceso correspondiente para trasladarlas hacia su país.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las dos mujeres permanecían prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025 y fueron vinculadas formalmente al denominado ‘Caso Blanqueo Fito’, investigación adelantada por la Fiscalía General de Ecuador a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos. El proceso busca establecer su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con recursos que, según la investigación, tendrían origen en actividades ilícitas desarrolladas por la organización criminal desde meses atrás.
La investigación ecuatoriana señala que las procesadas estarían relacionadas con el direccionamiento de operaciones destinadas al lavado de activos de ‘Los Choneros’. Según las autoridades de ese país, para estas actividades se habrían utilizado empresas de papel y estructuras corporativas ficticias con las que se buscaba otorgar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas. La situación jurídica de las dos ciudadanas deberá ser definida por los jueces competentes en Ecuador, una vez se concrete su entrega.
La salida de Colombia se produjo mediante una expulsión directa, después de que Ecuador desistiera de la solicitud inicial de órdenes de captura con fines de extradición. Según la información oficial, esta decisión permitió reemplazar ese procedimiento por mecanismos diplomáticos y policiales orientados a agilizar la entrega. De esta manera, ambas autoridades coordinaron una operación binacional para materializar el traslado sin recurrir al trámite inicialmente planteado por la justicia ecuatoriana, en medio de la coordinación entre las instituciones involucradas.
En la base aérea de CATAM permanecieron las comisiones de seguridad ecuatorianas encargadas de recibir a las dos ciudadanas. El procedimiento quedó sujeto a la autorización final para el despegue de un vuelo chárter con destino a Ecuador. Una vez trasladadas, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta quedarían a disposición de las autoridades judiciales de ese país, que deberán continuar las actuaciones correspondientes dentro del proceso penal antes de continuar el proceso judicial.
La operación tiene como antecedente la cooperación entre Colombia y Ecuador frente a organizaciones criminales con capacidad de operar más allá de las fronteras nacionales. En este caso, la coordinación involucró a organismos policiales, judiciales y de investigación de ambos países, además del FBI. La actuación se concentró en garantizar que las dos ciudadanas fueran trasladadas a Ecuador, donde deberán responder ante la justicia por los hechos que les son atribuidos dentro de la investigación por presunto lavado de activos.
Con esta expulsión, la Policía Nacional reiteró que Colombia no debe convertirse en refugio para personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras. El procedimiento contra las familiares de alias ‘Fito’ se suma a los mecanismos de cooperación internacional utilizados para afectar las estructuras del crimen organizado transnacional. Mientras las autoridades ecuatorianas continúan el proceso judicial, la coordinación binacional queda como uno de los principales instrumentos para perseguir las redes financieras y criminales que operan entre ambos países.
