El alcalde y el exalcalde de Ataco, Tolima, fueron capturados junto con una contratista por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos de regalías, relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio. La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación, señala que los tres detenidos habrían intervenido en el direccionamiento de un contrato de obra y otros dos de interventoría. El proyecto comprometía recursos por 21.550 millones de pesos y permanece inconcluso.
Las capturas fueron ordenadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y ejecutadas por servidores de la Dijin de la Policía Nacional en procedimientos realizados en Ataco y Florencia, Caquetá. La actuación hace parte de la priorización de investigaciones sobre posibles hechos de corrupción relacionados con recursos del Sistema General de Regalías. Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recopilados permitirían establecer la participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en actuaciones que habrían afectado dineros destinados a atender necesidades básicas de comunidades del departamento.
El proyecto investigado contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales de Ataco, una obra que fue financiada con 21.550 millones de pesos provenientes de regalías. Pese a la magnitud de la inversión, la infraestructura permanece inconclusa. La Fiscalía sostiene que los ahora capturados, al parecer, se articularon para direccionar los contratos asociados a la obra y a su interventoría. Las autoridades deberán establecer durante el proceso judicial cuál fue la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos.
Ataco accedió a estos recursos en una condición particular dentro de la planeación territorial. El municipio fue incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima. Esa clasificación permitió que la administración municipal gestionara recursos del Sistema General de Regalías mediante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD Paz. Los contratos actualmente cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, según la investigación.
La investigación también involucra a una contratista que, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con regalías. La hipótesis de los investigadores será presentada ante la justicia junto con los elementos recopilados durante las diligencias. Por ahora, las capturas no constituyen una condena y la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse dentro del proceso. La Fiscalía anunció que solicitará las medidas correspondientes ante un juez de control de garantías.
Los tres capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía expondrá los hechos investigados y formulará imputaciones de acuerdo con la posible responsabilidad individual atribuida a cada persona. Entre los delitos contemplados se encuentran interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado. El desarrollo de esta audiencia será determinante para conocer la posición de los implicados y las decisiones judiciales iniciales frente al caso.
El caso se incorpora a las investigaciones que buscan establecer cómo fueron administrados recursos públicos destinados a territorios con necesidades sociales y económicas. En Ataco, la obra cuestionada estaba dirigida a comunidades rurales y debía traducirse en infraestructura sanitaria, pero continúa sin concluirse pese al volumen de recursos comprometidos. La Fiscalía señaló que su Grupo de Tareas Especiales mantiene investigaciones sobre posibles entramados de corrupción relacionados con regalías y contratación pública, con actuaciones que también han alcanzado otros escenarios regionales.
La investigación sobre los contratos de Ataco abre ahora una nueva etapa ante los tribunales, donde deberán contrastarse las pruebas reunidas por las autoridades con los argumentos de los detenidos. El objetivo será establecer si existieron acuerdos para direccionar la contratación, irregularidades documentales o apropiación de recursos públicos y cuál habría sido la participación concreta de cada procesado. Mientras avanzan las actuaciones, el proyecto de las 1.170 baterías sanitarias permanece inconcluso, dejando pendiente el cumplimiento de una obra financiada para beneficiar a comunidades rurales.
