La Fiscalía General de la Nación informó la captura de 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’, señalados de participar en un esquema de extorsión contra transportadores informales en Bogotá. Según las evidencias recopiladas por el organismo investigador, al menos 60 conductores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas habrían recibido exigencias económicas para poder desarrollar su actividad. Los cobros, de acuerdo con la investigación, estaban acompañados de amenazas contra los trabajadores, sus familias y sus vehículos.
Cada conductor presuntamente debía entregar entre 28.800 y 35.500 pesos para contribuir a una cuota semanal cercana a 1’300.000 pesos. Las exigencias habrían sido dirigidas contra personas dedicadas al transporte informal en sectores del suroccidente de Bogotá. La Fiscalía indicó que las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea, canales utilizados presuntamente para comunicar las condiciones de pago y advertir sobre posibles consecuencias si los transportadores se negaban a entregar el dinero solicitado.
Las amenazas descritas en la investigación incluían posibles ataques contra la vida de los conductores o sus familiares, además de advertencias relacionadas con la quema de vehículos y la expulsión de las rutas donde desarrollaban su actividad. Según la Fiscalía, estas intimidaciones habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para garantizar los pagos. El esquema investigado habría permitido mantener las exigencias durante un periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026.
La investigación también estableció un mecanismo para concentrar y movilizar los recursos obtenidos mediante los cobros. De acuerdo con la Fiscalía, uno de los conductores era seleccionado para recoger el dinero de varios transportadores afectados y posteriormente transferir la suma agrupada a billeteras virtuales. Después debía enviar los comprobantes mediante mensajes de texto y destruir los soportes físicos, una práctica que, según los investigadores, habría buscado dificultar el seguimiento de las autoridades sobre las operaciones de la estructura.
Los 10 capturados serían presuntamente los encargados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos mediante billeteras virtuales, retirar determinadas cantidades y distribuir el dinero entre otros integrantes de la organización. Los procedimientos fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla, Atlántico, y Tunja, Boyacá. La actuación permitió intervenir una estructura señalada de ejercer presión económica sobre trabajadores del transporte informal en diferentes sectores de Bogotá.
Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos en circunstancias agravadas. La imputación constituye la actuación judicial mediante la cual se atribuyen formalmente determinadas conductas a los procesados, mientras el proceso continúa ante las autoridades competentes. La información divulgada por la Fiscalía se refiere a los capturados como presuntos integrantes de la estructura y no establece por sí misma una responsabilidad penal definitiva.
El caso evidencia, según la investigación, un sistema de cobros que habría utilizado la actividad cotidiana de los transportadores informales como mecanismo para obtener recursos. Las víctimas identificadas en el expediente desarrollaban sus labores en Bosa El Recreo y el Portal Las Américas. La Fiscalía atribuye provisionalmente estas acciones al ‘Tren de Aragua’, mientras las autoridades judiciales deberán avanzar en las actuaciones correspondientes, valorar los elementos obtenidos y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados.
Con las 10 capturas, la Fiscalía reportó una afectación a una estructura señalada de realizar cobros extorsivos y utilizar amenazas para imponer condiciones a trabajadores del transporte informal. El caso se concentra en hechos ocurridos durante más de 2 años y en exigencias que habrían alcanzado una cuota semanal aproximada de 1’300.000 pesos. La investigación continuará bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán establecer el alcance de las conductas atribuidas y la situación jurídica de los detenidos.
