La Cancillería aclaró la situación de la persona mencionada por la Fiscalía General de la Nación en el comunicado sobre la desarticulación del grupo delincuencial denominado “Apócrifo”. La información oficial precisa que la persona capturada no tiene la calidad de funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores ni mantiene vínculo laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza con el Fondo Rotatorio de la Cancillería. La aclaración busca precisar el tipo de relación existente con la oficina territorial donde se prestan los servicios de expedición de pasaportes.
De acuerdo con la verificación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la persona mencionada por la Fiscalía se encuentra vinculada a la Gobernación del Huila. Esta entidad territorial participa en la prestación del servicio de expedición de pasaportes mediante un convenio interadministrativo suscrito con el Fondo Rotatorio del Ministerio. Bajo este esquema, la Gobernación cuenta con autonomía administrativa y tiene la responsabilidad de disponer del personal necesario para garantizar el funcionamiento de la oficina territorial y la atención adecuada de los usuarios.
El convenio establece que la entidad territorial debe contar permanentemente con personal suficiente, idóneo y capacitado para atender el volumen de solicitudes de pasaportes. También contempla requisitos relacionados con experiencia en atención al ciudadano, niveles de servicio y capacidad operativa. La selección, vinculación, administración y permanencia de quienes trabajan en estas oficinas corresponde a la respectiva entidad departamental. Por esa razón, la Cancillería precisó que el personal vinculado bajo este modelo no tiene una relación laboral, contractual ni de subordinación con el Fondo Rotatorio.
La precisión adquiere relevancia porque la referencia realizada inicialmente en el comunicado de la Fiscalía podía generar la interpretación de que la persona capturada pertenecía directamente a la planta o estructura contractual del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que esa no es la situación y explicó que las oficinas territoriales de pasaportes funcionan mediante la participación de las entidades departamentales. El Ministerio, por su parte, mantiene las funciones que le corresponden como autoridad nacional en materia de pasaportes, dentro del marco legal y administrativo vigente.
La entidad también informó que ha colaborado con las autoridades desde que tuvo conocimiento de la investigación. Según la Cancillería, se ha suministrado oportunamente la información solicitada por las autoridades judiciales, particularmente al Grupo Especial de Investigaciones de la DIJIN de la Policía Nacional. Esta colaboración se desarrolla además en el marco de un trabajo conjunto con la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática, DSS, de la Embajada de Estados Unidos, orientado a contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que mantiene disposición frente a los requerimientos formulados por las autoridades y que continuará prestando la colaboración necesaria dentro del ámbito de sus competencias. La aclaración publicada por la entidad se concentra específicamente en la naturaleza de la vinculación de la persona capturada y no modifica las actuaciones que adelantan las autoridades encargadas de investigar los hechos relacionados con el grupo denominado “Apócrifo”. El proceso continúa bajo las competencias de las instituciones responsables de establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades.
La Cancillería consideró necesario realizar esta precisión para evitar interpretaciones equivocadas sobre la relación laboral o contractual de la persona mencionada en el comunicado de la Fiscalía. El Ministerio reiteró que no se trata de una funcionaria de esa cartera ni de una persona vinculada laboral o contractualmente al Fondo Rotatorio. La explicación también permite diferenciar las responsabilidades de la Nación y de las entidades territoriales que participan en la prestación del servicio de expedición de pasaportes mediante los convenios establecidos para ese propósito.
La aclaración mantiene el foco en la estructura administrativa bajo la cual funcionan las oficinas territoriales de pasaportes y en la colaboración institucional frente a la investigación. La Cancillería reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la cooperación permanente con las autoridades encargadas de investigar y judicializar conductas que puedan constituir delitos. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, el Ministerio dejó establecido que la persona mencionada por la Fiscalía no tenía vínculo laboral ni contractual con la Cancillería o con su Fondo Rotatorio.
