La Fiscalía General de la Nación investiga al alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, y a cinco funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. La investigación señala posibles anomalías relacionadas con el fraccionamiento de contratos, el uso de facturas fraudulentas y supuestas inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible para la jornada electoral en el municipio.
Además del alcalde, son investigados el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez, y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala. Según la Fiscalía, cada uno habría intervenido de diferentes maneras en los procesos contractuales cuestionados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales dentro de la investigación durante el proceso investigativo.
Según los elementos materiales probatorios recopilados, los seis funcionarios habrían intervenido en varios contratos que, presuntamente, no fueron suscritos dentro de un proceso contractual planificado. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el objeto de la contratación habría sido fraccionado para evitar un mecanismo de selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificar el giro directo de recursos. El señalamiento forma parte de la investigación y deberá ser valorado durante las actuaciones judiciales correspondientes antes de los comicios.
La Fiscalía señala particularmente al alcalde, en su condición de ordenador del gasto, por presuntamente conocer la cuantía total y el objeto de la contratación y, aun así, disponer su división mediante varias resoluciones. También se investiga que la necesidad presupuestal no habría sido incluida en el plan de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025. Estos elementos hacen parte de la hipótesis presentada por el ente investigador en el municipio.
Durante las actuaciones fueron autorizadas cinco partidas que sumaron $200 millones para atender necesidades relacionadas con la logística electoral. Sin embargo, según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, solo una parte de esos recursos habría sido utilizada para ese propósito. Para sustentar los gastos, presuntamente se presentaron cuentas de cobro acompañadas de facturas fraudulentas relacionadas con almuerzos, algunas sin fecha, además de documentos sobre combustible y viáticos para jurados electorales previstos para la jornada electoral.
Entre las inconsistencias señaladas aparecen documentos sobre suministro de combustible que habrían sido expedidos después de los comicios o que registrarían valores superiores a los precios reales. También fueron identificadas constancias que, presuntamente, buscaban simular el pago de viáticos a jurados electorales por valores elevados. La Fiscalía incorporó estos elementos a la investigación para determinar el destino de los recursos públicos y establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la contratación durante la investigación fiscal.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó imputó a los seis investigados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Ninguno de los investigados aceptó los cargos formulados durante la actuación judicial. La imputación constituye una etapa del proceso y no representa, por sí misma, una sentencia de responsabilidad penal en esta fase procesal.
La Fiscalía informó que la investigación está relacionada con el manejo de recursos públicos destinados a la logística electoral en Riosucio y que la información fue divulgada por razones de interés general. Los hechos y señalamientos deberán continuar su trámite ante las autoridades judiciales competentes, bajo las garantías procesales correspondientes. El caso comprende actuaciones sobre contratación, documentación y ejecución de recursos utilizados para los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026 en el municipio chocoano.
