El Gobierno Nacional comprometió $1,5 billones durante 2026 para atender las dificultades de liquidez que enfrenta el sector eléctrico y proteger la continuidad del servicio para los usuarios. La medida, anunciada por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, contempla un primer giro de $300.000 millones en los próximos días. La estrategia busca responder a las presiones financieras del sistema y evitar que estas terminen afectando la prestación del servicio.
El sistema eléctrico colombiano atraviesa dificultades de liquidez que han generado presiones sobre la cadena de pagos entre empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras. A este escenario se suma la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, que reduce la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica y obliga a incrementar la participación de centrales térmicas. Estas últimas tienen mayores costos operativos debido a su dependencia de combustibles como gas, carbón y líquidos.
Según XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, los aportes hídricos registrados durante los últimos meses permanecieron por debajo de los promedios históricos. En mayo y junio alcanzaron cerca del 76 % de la media histórica, mientras que en julio se ubicaron alrededor del 80 %. Esta menor disponibilidad de agua incrementa la necesidad de generación térmica para atender la demanda, aumentando simultáneamente las presiones económicas sobre las empresas del sector.
Como respuesta inmediata, el Gobierno Nacional destinó $1,5 billones para lo que resta de 2026, recursos dirigidos al pago de deuda corriente con los generadores térmicos a partir de septiembre. Este esfuerzo se suma al cumplimiento de los pagos correspondientes a los subsidios de energía y gas destinados a los estratos 1, 2 y 3. El primer desembolso será de $300.000 millones y hace parte del mecanismo diseñado para aliviar las obligaciones pendientes y contribuir al funcionamiento de la cadena eléctrica.
La estrategia también contempla medidas estructurales para reducir la exposición del sistema a factores que pueden generar fuertes variaciones en los precios. Una de las líneas planteadas consiste en fortalecer los contratos de largo plazo, con el propósito de disminuir la dependencia del mercado en bolsa. El Gobierno también anunció una revisión de la estructura tarifaria y la definición de alternativas que permitan avanzar hacia un servicio sostenible en las diferentes regiones, con especial atención a las condiciones del Caribe.
En paralelo, el Gobierno Nacional anunció que durante los próximos meses se definirá un plan integral para mejorar la prestación del servicio de energía en el Caribe. La iniciativa estará orientada a fortalecer la gestión, el desempeño y la gobernanza de las empresas prestadoras. El propósito es abordar las dificultades de manera estructural y evitar que los problemas financieros y operativos de las compañías terminen trasladándose a los usuarios o comprometiendo la confiabilidad del sistema eléctrico regional.
La respuesta oficial también contempla un trabajo coordinado con gobernaciones y alcaldías para fortalecer el funcionamiento del sector. Entre las prioridades se encuentra promover el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades estatales, debido a su impacto sobre la cadena de pagos. En ese sentido, los ministerios respaldaron el llamado de la Procuraduría General de la Nación a los representantes legales de entidades públicas para cumplir sus obligaciones y evitar posibles consecuencias disciplinarias.
La implementación de estas medidas requerirá además coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras entidades. El objetivo será establecer las condiciones regulatorias necesarias para ejecutar las soluciones planteadas. Con este paquete de acciones, el Gobierno Nacional busca atender las necesidades inmediatas de liquidez y avanzar simultáneamente hacia un sistema eléctrico financieramente sostenible, capaz de responder a las condiciones climáticas y garantizar continuidad a los usuarios.
