La Fiscalía General de la Nación dispuso un esquema especial de atención operativa en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Esta medida excepcional busca garantizar la continuidad en la prestación de los diferentes servicios institucionales y judiciales tras las graves afectaciones generadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, priorizando la atención ininterrumpida a toda la ciudadanía en las regiones impactadas por la emergencia.
Desde la Delegada para la Seguridad Territorial se habilitaron Unidades de Reacción Inmediata y Centros de Atención a la Fiscalía centralizados en cada una de estas zonas geográficas. Estos puntos estratégicos operarán como centros de articulación para la recepción y trámite oportuno de capturas en flagrancia y por orden judicial, la realización de actos urgentes, el direccionamiento de noticias criminales y la gestión directa de solicitudes de audiencias preliminares ante los despachos judiciales competentes.
Como parte de esta estrategia de contingencia temporal vigente hasta el 11 de septiembre, las sedes centralizadas funcionarán las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. En Quibdó se habilitó la sede central ubicada en la calle 21 con carrera 3; en la ciudad de Cali opera el búnker principal; en el municipio de Buga se dispuso la sede seccional del departamento, mientras que en Armenia y Manizales se centralizó la atención en espacios específicos acondicionados para la ciudadanía.
De manera complementaria, el organismo judicial implementó un modelo de apoyo temporal y remoto mediante el cual otras direcciones seccionales del país prestarán asistencia técnica y humana. Estas dependencias colaboradoras aportarán fiscales, personal especializado, recursos tecnológicos avanzados y mecanismos de coordinación interinstitucional para agilizar la atención de actuaciones urgentes y el desarrollo de las audiencias de control de garantías que requieran una respuesta inmediata por parte de la administración de justicia.
Las autoridades explicaron que este respaldo solidario entre regiones tiene un carácter estrictamente operativo y temporal, por lo que la competencia legal, funcional y territorial sobre los procesos continuará bajo la responsabilidad directa de la seccional afectada. Para garantizar una sinergia eficiente, la Seccional Chocó recibirá apoyo desde Arauca; las seccionales Cali y Valle del Cauca contarán con el respaldo de Santander y Norte de Santander; y Quindío será asistida por Meta y Guaviare.
Asimismo, la Seccional Caldas recibirá refuerzos operativos por parte de Bolívar, Caquetá y San Andrés, mientras que la Seccional Risaralda estará respaldada coordinadamente por los equipos de Atlántico y Cesar. La articulación nacional de recursos busca prevenir cualquier parálisis en el sistema judicial de las zonas siniestradas, asegurando que los ciudadanos mantengan canales expeditos para instaurar denuncias y resolver sus requerimientos legales urgentes durante la compleja coyuntura que atraviesa el occidente del país.
Para facilitar el contacto directo de la comunidad y las autoridades con los puntos centralizados, la entidad habilitó correos electrónicos institucionales específicos para cada región. Los usuarios pueden escribir a las direcciones oficiales de Chocó, Cali, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda para elevar consultas, radicar peticiones o gestionar trámites judiciales pendientes, optimizando los tiempos de respuesta y reduciendo la necesidad de traslados presenciales en medio de las dificultades viales y estructurales provocadas por el movimiento telúrico.
Mantener la operatividad de los servicios de justicia en situaciones de desastre ratifica el compromiso institucional con la legalidad, los derechos ciudadanos y el orden público regional. Las directivas de la fiscalía continuarán evaluando la evolución de la contingencia para ajustar las medidas de apoyo según las necesidades específicas que reporten las regiones. Proteger el acceso a la justicia constituye un pilar indispensable para acompañar la reconstrucción social y garantizar la convivencia pacífica en los territorios afectados.
