El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó este martes 11 de agosto de 2026, durante una sesión de las Comisiones Económicas del Congreso, que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declarará el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el 10 de agosto. Con la declaratoria, el gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley para atender la contingencia, lo que incluye la posibilidad de ordenar nuevos impuestos y tributos para financiar la tragedia. La medida, respaldada por el artículo 215 de la Constitución Política, le otorga al Ejecutivo facultades excepcionales para movilizar recursos y adoptar decisiones extraordinarias con una velocidad que los mecanismos ordinarios del presupuesto nacional no permiten.
El ministro Gómez anunció que el Gobierno espera gestionar un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para financiar las labores de emergencia, recursos que podrían estar disponibles antes de finalizar esta semana, siempre que la declaratoria sea promulgada este martes. Ese crédito internacional es uno de los mecanismos más rápidos disponibles para inyectar recursos frescos a una emergencia de esta escala, y su activación depende directamente de que la declaratoria de emergencia económica esté formalmente en vigor, pues es el instrumento jurídico que habilita las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito en condiciones de urgencia.
La declaratoria de emergencia económica y social llega un día después de que el propio presidente De la Espriella declarara el desastre de carácter nacional desde la sala de crisis de la UNGRD. Esas son 2 figuras jurídicas distintas con efectos complementarios: la declaratoria de desastre nacional activa los mecanismos de gestión del riesgo y la coordinación interinstitucional, mientras que la emergencia económica y social habilita al Ejecutivo para expedir decretos legislativos que modifican el ordenamiento jurídico ordinario en materia fiscal, presupuestal y tributaria. Juntas, las 2 declaratorias le dan al gobierno De la Espriella el arsenal jurídico más amplio posible para responder a una catástrofe de esta magnitud.
La solicitud de declarar la emergencia económica llegó desde distintos sectores políticos. La senadora Sara Castellanos, del Movimiento de Salvación Nacional, solicitó al presidente hacer uso del artículo 215 de la Constitución, señalando que “todo el Estado debe estar concentrado en atender esta calamidad”. El senador del Centro Democrático Andrés Forero también respaldó la petición, afirmando que “el terremoto ha dejado una estela de destrucción en varias ciudades del país y Colombia entera debe volcarse a las acciones de salvamento y a la reconstrucción”. El senador Cristian Garcés y el representante Santiago Castro, ambos del Valle del Cauca, se unieron a la solicitud pidiendo que se disponga de todos los recursos necesarios para enfrentar la situación.
La declaratoria de emergencia económica y social también permitirá al gobierno devolver el presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro, que según el ministro Gómez está desfinanciado y con destinaciones incorrectas de los recursos. Esa mención del ministro ante las Comisiones Económicas tiene un doble propósito: justificar la necesidad de la emergencia económica y aprovechar el momento para plantear la devolución del presupuesto como condición para una respuesta fiscal más ordenada. El nuevo gobierno heredó un panorama fiscal que califica de crítico, y la emergencia le da la herramienta para reorganizar las finanzas públicas al mismo tiempo que atiende la catástrofe.
Los controles institucionales sobre la emergencia económica son igualmente importantes de señalar. El Congreso de la República debe examinar el uso que el gobierno haga de las facultades excepcionales, y la Corte Constitucional revisa automáticamente los decretos legislativos expedidos durante la emergencia para determinar si cumplen la Constitución. Eso significa que declarar una emergencia económica no le da al gobierno carta blanca para hacer cualquier cosa en materia tributaria o fiscal, sino que cada decreto que expida deberá superar el escrutinio de las 2 ramas del poder que actúan como contrapeso del Ejecutivo en estos casos.
El ministro Gómez fue enfático en que la prioridad institucional del gobierno se centrará en el bienestar de las personas afectadas por el sismo, por encima de las complejas condiciones fiscales que actualmente enfrenta la nación. Esa declaración tiene un peso político significativo: el nuevo gobierno llegó prometiendo disciplina fiscal y reducción del gasto, y enfrenta ahora la necesidad de movilizar recursos extraordinarios en su primera semana de mandato. La emergencia económica le da la herramienta jurídica para hacerlo sin contradecir formalmente su agenda de austeridad, pues los decretos de emergencia tienen un carácter temporal y están sujetos a los controles constitucionales ya mencionados.
Con la declaratoria de emergencia económica en camino, el crédito con el Banco Mundial en gestión y los alivios en servicios públicos ya anunciados desde Pereira, el gobierno De la Espriella completa en sus primeras 48 horas de manejo de la crisis una arquitectura de respuesta que combina la presencia presidencial en terreno, la coordinación interinstitucional a través de los PMU, el respaldo de la cooperación internacional y las herramientas jurídicas y fiscales que la Constitución pone a disposición del Ejecutivo en situaciones de catástrofe. El terremoto del 10 de agosto de 2026 se convirtió así en la primera y más exigente prueba de fuego de un gobierno que apenas comenzaba a instalarse cuando la tierra decidió sacudir al país.
