La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio inicio oficial a una serie de jornadas intensivas de capacitación dirigidas a empresarios, gremios, importadores, exportadores y académicos de todo el país. Estos espacios buscan promover una comprensión profunda y clara de la Ley 2586 de 2026, normativa mediante la cual se adoptó formalmente el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, optimizando los procedimientos aplicables ante el incumplimiento de obligaciones comerciales.
Durante las primeras sesiones técnicas realizadas en la ciudad de Bogotá, se contó con una masiva participación presencial y virtual que superó los 1.500 asistentes interesados en conocer los detalles de la ley. Los encuentros continuarán expandiéndose progresivamente hacia las diferentes regiones de Colombia, permitiendo que los distintos actores de la cadena logística conozcan de primera mano las modificaciones operativas introducidas para garantizar la transparencia y eficiencia en las transacciones internacionales del sector privado.
El director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, destacó la importancia estratégica de estos espacios de diálogo colaborativo con los sectores productivos nacionales. El funcionario señaló textualmente que la adopción de este marco normativo representa un importante logro para el país, porque garantiza la continuidad de las herramientas jurídicas necesarias para proteger la legalidad y transparencia en las operaciones de comercio exterior, fomentando una cultura de cumplimiento voluntario entre los usuarios aduaneros.
Por su parte, el director de gestión de fiscalización, Luis Adelmo Plaza Guamanga, explicó que durante las capacitaciones se exponen aspectos cruciales como los cambios en la fiscalización, la aplicación del principio de favorabilidad y las directrices sobre corrección voluntaria. Asimismo, la autoridad tributaria detalla las medidas cautelares vigentes, las causales específicas de aprehensión de mercancías y el régimen sancionatorio aplicable a los diferentes operadores económicos que participan activamente en las actividades de importación y exportación.
Un componente fundamental dentro de las jornadas consiste en el análisis de casos prácticos orientados a identificar operaciones comerciales que carecen de respaldo financiero o patrimonial suficiente. Los expertos institucionales enseñan a reconocer señales de alerta relacionadas con la simulación de operaciones, el suministro de información falsa, el uso de proveedores ficticios y otras conductas ilícitas que afectan la confianza institucional, facilitando la evasión de tributos y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema aduanero nacional.
Estas acciones pedagógicas también profundizan en las herramientas dispuestas para verificar el origen legal de los recursos utilizados por las empresas en sus transacciones internacionales, combatiendo de manera frontal el contrabando y el lavado de activos. La entidad busca que los empresarios adquieran competencias prácticas para blindar sus cadenas de suministro frente a la infiltración de capitales ilícitos, asegurando que las operaciones comerciales se desarrollen dentro de estrictos parámetros de legalidad, ética corporativa y responsabilidad institucional.
La implementación progresiva de la Ley 2586 de 2026 consolida el compromiso estatal de ejercer un control aduanero firme y riguroso, sin descuidar la protección integral de los derechos legítimos de los operadores comerciales cumplidos. Con este nuevo instrumento jurídico, el país avanza hacia la consolidación de un sistema de comercio exterior mucho más ágil, seguro, transparente y jurídicamente previsible, capaz de atraer mayor inversión extranjera y dinamizar la economía nacional en condiciones equitativas.
Las autoridades tributarias reiteraron su invitación a todos los gremios productivos y profesionales del sector para que consulten los canales oficiales de la institución y participen activamente en las siguientes convocatorias regionales programadas. Mantener un canal de comunicación abierto y constante entre el Estado y los actores económicos resulta indispensable para superar cualquier barrera interpretativa de la norma, garantizando el éxito sostenido de esta estrategia orientada a blindar las fronteras aduaneras de la nación.
