En las últimas horas, el nombre de la ministra de las TIC, Alexandra Falla, quedó atrapado en un torbellino de titulares, hilos de X y videos de creadores de contenido que la presentan como cómplice de una infiltración del anterior gobierno en su propio ministerio. El detonante fue el nombramiento de una asesora con vínculos familiares lejanos con figuras alusivas al gobierno Petro. El problema es que ese relato, repetido sin matices, omite datos verificables que cualquier persona puede consultar: fechas, resoluciones administrativas y una trayectoria de más de tres décadas que no encaja con la caricatura que se ha construido en tiempo récord.
Empecemos por lo más simple y lo más ignorado: la resolución que nombró a Silvana Arbeláez Bateman como asesora grado 16 del despacho ministerial está fechada el 1 de diciembre de 2025. Falla se posesionó como ministra el 8 de agosto de 2026. Es decir, el nombramiento cuestionado no fue una decisión suya, sino un acto heredado de la administración anterior, avalado entonces por la entonces viceministra de Conectividad. Atribuirle a Falla la autoría de esa designación no es periodismo riguroso: es, en el mejor de los casos, un descuido cronológico, y en el peor, una simplificación deliberada.
Vale la pena preguntarse por qué ese dato —tan fácil de verificar en la propia página del ministerio— no apareció con el mismo protagonismo que el apellido Bateman. La respuesta probable es incómoda: la genealogía es un titular más vistoso que la fecha de una resolución administrativa. Pero el periodismo serio, y la crítica política honesta, no deberían construirse sobre lo que genera más clics, sino sobre lo que efectivamente ocurrió y quién tomó cada decisión. En esto, la diferencia entre error de gestión y culpa personal es exactamente el tipo de matiz que se perdió en la avalancha.
Además, la reacción de Falla ante el llamado presidencial no fue evasiva ni tibia: respondió públicamente el mismo día, confirmó que ya había iniciado la revisión de los nombramientos y, días después, la secretaria general del ministerio —con antecedentes en el gobierno anterior— presentó su renuncia. Ese es exactamente el comportamiento que se le exige a un funcionario cuando se detecta una irregularidad heredada: actuar, no defenderse a ciegas ni esconder el problema. Juzgarla como si hubiera ignorado la instrucción presidencial contradice los hechos documentados.
Ahora bien, sería igual de deshonesto pretender que no hay preguntas legítimas de fondo. Es razonable que se audite quién nombró a Arbeláez Bateman en diciembre de 2025, bajo qué criterios, y por qué su hoja de vida apareció y luego fue retirada de la página de la Presidencia en agosto de este año. Ese episodio amerita explicación institucional, no silencio. Pero la exigencia de transparencia es distinta de la insinuación, sin pruebas, de que la ministra actual comparte una supuesta agenda ideológica con la funcionaria cuestionada.
El otro flanco del ataque han sido mensajes antiguos de Falla en redes sociales, elogiando decisiones puntuales del expresidente Gustavo Petro. Descontextualizados, esos mensajes se presentan como prueba de una lealtad política oculta. Pero quien revise su trayectoria encuentra algo distinto: una funcionaria pública que, a lo largo de gobiernos de distinto signo —desde Canal Capital hasta la Autoridad Nacional de Televisión—, ha sido convocada por su perfil técnico, no por su carné partidista. Elogiar una medida puntual de un gobierno no equivale a suscribir su proyecto político completo.
Para entender por qué eso importa, hay que mirar su hoja de vida sin el filtro del escándalo de la semana. Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas de la Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Ha sido directora operativa de Canal Capital, subgerente de comunicaciones de Transmilenio, miembro de la Junta Nacional de Televisión y, desde 2015, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Ese es un currículo de gestión técnica sostenida, no de activismo partidista.
En la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, entidad que custodia desde 1986 el archivo audiovisual más importante del país, Falla lideró procesos de digitalización, restauración y circulación del patrimonio fílmico nacional, incorporando incluso herramientas de inteligencia artificial para la restauración de material histórico. Es un trabajo que no distingue entre gobiernos de izquierda o de derecha, porque su objeto —la memoria audiovisual de Colombia— pertenece a todos los colombianos por igual. Quien ha dedicado una década a esa labor difícilmente encaja en el molde de operadora ideológica que se le quiere imponer.
Ese mismo perfil la llevó, en diciembre de 2024, a ser elegida presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), convirtiéndose en la primera mujer y la primera colombiana en liderar esa organización, que agrupa a más de noventa instituciones de la región. Ese tipo de reconocimiento internacional no se obtiene por afinidad con un gobierno específico, sino por credibilidad técnica acumulada en un sector —el audiovisual y las telecomunicaciones educativas— que exige continuidad y confianza institucional más allá de los ciclos electorales.
Es cierto que en 2022 su nombre fue impulsado por sectores del Partido de la U para el Viceministerio de Transformación Digital, y que finalmente no fue designada. Ese dato, lejos de sostener la narrativa de una infiltrada del anterior gobierno, refuerza la imagen de una profesional con relaciones políticas transversales, capaz de ser considerada por gobiernos y coaliciones distintas precisamente por su competencia técnica, no por una militancia excluyente hacia un solo proyecto.
Nada de esto significa que la ministra esté exenta de escrutinio. Al contrario: el cargo que ocupa exige que responda con hechos, auditorías y explicaciones concretas sobre cada nombramiento cuestionado, empezando por el de Arbeláez Bateman. Pero exigirle rigor no es lo mismo que condenarla de antemano por una decisión que no tomó, ni convertir mensajes sueltos de redes sociales en sentencia política. La diferencia entre fiscalizar y linchar mediáticamente es, precisamente, la que se ha perdido en esta historia.
Al final, lo que está en juego no es solo la reputación de una funcionaria, sino el estándar con el que se juzga a quienes llegan al poder. Si la vara para señalar complicidad ideológica es haber trabajado alguna vez bajo un gobierno distinto, muy pocos técnicos calificados podrán servir en ningún ministerio de Colombia, sin importar quién gobierne. Alexandra Falla merece la misma exigencia que cualquier ministro: que se le pidan resultados y transparencia, no que se le condene por hechos que la anteceden.
