La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido una orden administrativa contra la constructora Amarilo S.A.S. para proteger los derechos de los copropietarios del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca, ubicado en Villavicencio. La decisión surge tras una investigación preliminar iniciada por denuncias sobre presuntos daños estructurales y deterioros generalizados en las edificaciones, los cuales representarían riesgos potenciales para la salud e integridad física de los residentes y de la comunidad circundante.
Para sustentar esta medida, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor realizó un exhaustivo proceso de verificación que incluyó el análisis de planos arquitectónicos y memorias de cálculo, la evaluación de informes técnicos aportados por los denunciantes y una visita de inspección administrativa. En dicha diligencia, la entidad recopiló registros fotográficos y testimonios de propietarios, representantes de la copropiedad y personal de la interventoría, evidenciando situaciones que comprometen la seguridad de los inmuebles.
Las medidas exigidas a la constructora deberán ejecutarse en plazos perentorios que oscilan entre los 5 y 20 días hábiles. Amarilo S.A.S. tiene la obligación de realizar una evaluación técnica y patológica integral del estado actual del conjunto, además de elaborar un plan de trabajo detallado que incluya un cronograma de reparaciones. Asimismo, se ordena la implementación inmediata de señalización y medidas preventivas para aislar cualquier área que represente un riesgo inminente para los transeúntes.
El alcance de la orden también exige transparencia hacia la copropiedad. La constructora deberá informar a la administración del conjunto sobre los resultados de todas las visitas técnicas efectuadas desde enero de 2025, entregar las pólizas de estabilidad de la obra vigentes y proporcionar las respuestas otorgadas a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) recibidas desde 2024. Este flujo de información es vital para que los propietarios tengan claridad sobre las acciones correctivas que se llevarán a cabo.
La resolución, que no admite recursos de reposición o apelación, subraya la posición de la SIC frente a la protección de los consumidores en el sector inmobiliario. Amarilo S.A.S. deberá acreditar ante la Dirección de Investigaciones el cumplimiento total de los requerimientos. La entidad fue enfática al advertir que el desacato a estas órdenes administrativas habilitará la imposición de multas de conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.
Este caso resalta la importancia de la supervisión estatal en proyectos de vivienda para asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y garantizar la calidad de los materiales entregados. Las familias que invierten en bienes inmuebles dependen de la idoneidad constructiva para proteger su patrimonio y, sobre todo, su vida. La SIC reitera con esta acción su función de garante de la seguridad constructiva en todo el territorio nacional, actuando ante señales de alerta que ponen en juego el bienestar ciudadano.
Para los habitantes del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca, la medida representa un avance en la búsqueda de soluciones frente a las preocupaciones que han manifestado por meses. La intervención de la autoridad busca presionar una respuesta efectiva de la constructora que vaya más allá de las visitas de inspección, obligándola a asumir la responsabilidad técnica y económica necesaria para corregir las deficiencias detectadas y garantizar la estabilidad estructural a largo plazo.
La Superintendencia continuará monitoreando el desarrollo de los planes de reparación y la respuesta de la constructora a las órdenes impartidas. Este precedente es un recordatorio para el sector inmobiliario sobre las consecuencias legales y operativas de desatender las alertas de calidad constructiva. La protección del usuario final sigue siendo el eje central de la vigilancia administrativa, promoviendo entornos residenciales seguros y conformes a las especificaciones técnicas prometidas en la etapa de venta de los proyectos.
