La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno y la ciudadana Luz Miryam Marulanda Moreno, quienes son señalados de liderar un esquema de créditos fraudulentos en el municipio de Cértegui, Chocó. La investigación, que vincula 13 denuncias formales, reveló que los implicados habrían aprovechado su posición para inducir a miembros de la Policía Nacional a suscribir letras de cambio en blanco bajo el pretexto de respaldar préstamos económicos.
El mecanismo ilícito consistía en diligenciar posteriormente dichos títulos valores con montos superiores a los realmente pactados tras haber sido saldadas las deudas originales. Según la evidencia recolectada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), estos documentos eran endosados a una cooperativa sin domicilio comercial verificable, la cual iniciaba demandas ejecutivas contra los uniformados. Este actuar tenía como fin deliberado engañar a la administración de justicia para obtener embargos sobre el 25% del salario de las víctimas.
En la estructura del entramado, Marulanda Moreno aparecía como acreedora inicial en varios de los documentos utilizados para los cobros coactivos. Las labores de policía judicial permitieron establecer que los implicados presuntamente utilizaban su posición para presionar a los uniformados, quienes confiaban en el oficial involucrado. La magnitud de la defraudación y la afectación directa al patrimonio de los policías fueron determinantes para que la Fiscalía unificara los casos en una sola línea investigativa.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó imputó formalmente a ambos procesados por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares, según la responsabilidad individual de cada uno. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que evidencian cómo el sistema judicial fue utilizado como herramienta para legitimar el cobro de deudas inexistentes o infladas, causando un perjuicio económico directo a los integrantes de la institución policial afectados.
Un juez de control de garantías acogió los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad para el subintendente Mosquera Moreno, la cual deberá cumplir en su domicilio. Esta decisión busca garantizar que el procesado no interfiera con la continuación de las labores investigativas ni represente un riesgo para las víctimas, quienes han colaborado activamente con la justicia para esclarecer este caso de corrupción interna.
La participación de particulares en este tipo de delitos financieros resalta la necesidad de un control riguroso sobre las operaciones de crédito que involucran a servidores públicos. El uso de cooperativas sin domicilio físico para ocultar la trazabilidad de los recursos y las deudas evidencia una planeación detallada del delito. La Fiscalía continúa trabajando en la recolección de testimonios y material documental para determinar si existen más personas vinculadas a este esquema que vulneró la confianza de los uniformados.
Este caso de administración pública en Chocó subraya la gravedad de utilizar instituciones judiciales para fines de enriquecimiento ilícito. Al inducir en error a los jueces, los imputados no solo cometieron delitos económicos, sino que quebrantaron el sistema de administración de justicia. Las autoridades han hecho un llamado a los integrantes de la Fuerza Pública para denunciar cualquier irregularidad en el manejo de préstamos o títulos valores, enfatizando que nadie está por encima de la ley en el departamento.
Con el aseguramiento del uniformado y la vinculación procesal de la particular, la Fiscalía cierra una etapa inicial clave en este proceso penal. Se espera que en las próximas etapas del juicio se logre una condena ejemplarizante que sirva de precedente para evitar la proliferación de estas modalidades delictivas dentro de las instituciones. Las investigaciones siguen abiertas para evaluar si otros uniformados fueron víctimas de este entramado en municipios aledaños a la zona de influencia detectada.
