La salud mental es una condición indispensable para vivir con dignidad y ejercer plenamente otros derechos humanos, incluyendo el trabajo, la educación y la vida familiar. Esta protección debe ir mucho más allá de la simple atención de los trastornos mentales, exigiendo acciones que promuevan el bienestar, prevengan afectaciones, intervengan sobre los determinantes sociales y garanticen respuestas oportunas, integrales, continuas y humanizadas. Su salvaguarda es una necesidad urgente para toda la sociedad que requiere un compromiso institucional profundo y sostenido.
Las cifras nacionales muestran una realidad preocupante que demanda atención inmediata. Durante 2024, el Instituto Nacional de Salud notificó 38.770 intentos de suicidio, mientras que el Ministerio de Salud registró 2.066 muertes por esta causa en los primeros nueve meses de 2025. Estos números no son simples datos epidemiológicos, sino testimonios de familias impactadas que requieren una respuesta fortalecida con oportunidades reales de acompañamiento clínico y comunitario para reducir la brecha de atención actual.
A esta situación se suma el estigma y la discriminación que enfrentan las personas con sufrimiento psicológico o discapacidad psicosocial. El temor a ser juzgadas o excluidas retrasa la búsqueda de ayuda profesional, profundizando el aislamiento y levantando barreras de acceso. La lucha contra la estigmatización no puede ser tarea exclusiva del sector salud, sino que debe ser una responsabilidad compartida entre el sector privado, los medios, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto.
Colombia cuenta con un marco normativo sólido que reconoce la salud mental como asunto de prioridad nacional, incluyendo la Ley 1616 de 2013 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Recientemente, las leyes 2460 y 2518 de 2025 reforzaron las obligaciones de prevención, junto al Decreto 729 de 2025 y el "Código Dorado" de 2026. La Asociación Colombiana de Salud Pública advierte, sin embargo, que la eficacia de estas normas depende de una reglamentación oportuna y una asignación presupuestal transparente.
La calidad en la atención es un pilar esencial del derecho a la salud, donde no basta con garantizar acceso si el servicio es tardío o fragmentado. Los principios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y trato digno exigen que cada medida clínica sea proporcional y esté fundada en evidencia científica respetuosa de los derechos humanos. Investigar las quejas ciudadanas sobre demoras en citas o falta de ambientes terapéuticos adecuados es una obligación para identificar riesgos, corregir fallas estructurales y prevenir daños mayores.
El Ministerio de Salud y las entidades territoriales tienen el mandato de facilitar espacios reales de participación para personas usuarias, familias y organizaciones sociales. La planeación y ejecución de la política pública debe nutrirse de la experiencia de quienes han vivido las barreras del sistema, garantizando el acceso a información oportuna. La ciudadanía también desempeña un papel central al ejercer control social y presentar quejas ante la Superintendencia cuando se vulneren sus derechos fundamentales en salud.
La Asociación Colombiana de Salud Pública hace un llamado urgente a priorizar la salud mental en la agenda nacional y local, exigiendo balances públicos sobre la implementación de las leyes vigentes. Se requiere que la Superintendencia intensifique la vigilancia sobre EPS e IPS para eliminar conductas dilatorias, mientras las entidades territoriales deben integrar la salud mental en sus planes de desarrollo. La salud mental es un objetivo que debe territorializarse, dotarse de recursos y medirse con indicadores claros de impacto social.
La institución se solidariza con todas las personas y familias que enfrentan situaciones de sufrimiento, recordando que el autocuidado es parte integral de la convivencia democrática. La salud mental requiere pasar del papel a la vida cotidiana, actuando sobre la pobreza, el desempleo y las violencias que afectan el bienestar común. Al construir entornos inclusivos, seguros y libres de prejuicios, Colombia podrá avanzar hacia una respuesta pública fundamentada en la dignidad, la justicia social, el cuidado mutuo y la paz.
