El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido un pronunciamiento contundente en rechazo a las recientes solicitudes de sectores políticos vinculados al gobierno entrante, quienes buscan la revocatoria directa de las resoluciones que declaran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Esta cartera ministerial reafirma que dichas figuras representan un pilar estratégico indispensable para garantizar la soberanía alimentaria y proteger el derecho humano a la alimentación en todo el territorio nacional.
La institución advirtió que proceder con una revocatoria de esta magnitud constituiría una medida regresiva, que ignoraría la protección especial que la Constitución Política otorga a las actividades agropecuarias. Actualmente, esta normativa resguarda cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios del país. Desproteger estos suelos rurales, los cuales poseen una vocación productiva fundamental, dejaría a miles de familias campesinas expuestas a cambios arbitrarios en el uso del suelo que pondrían en riesgo el abastecimiento alimentario básico de los colombianos.
Es preciso recordar que la protección del suelo rural agropecuario no es un fenómeno reciente, sino un mandato legal consolidado a lo largo de cinco décadas. Desde el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 hasta las leyes de ordenamiento territorial más recientes, el ordenamiento jurídico ha mantenido un principio inalterable: la preservación de la integridad física y la capacidad productora de la tierra. Desconocer este historial normativo implicaría un retroceso en la justicia social y en la protección de los derechos constitucionales del campesinado.
Ante las persistentes campañas de desinformación que califican erróneamente a las APPA como instrumentos de expropiación, el Ministerio ha intensificado su labor pedagógica con más de 820 encuentros territoriales. La entidad es enfática al aclarar que estas declaratorias no modifican la propiedad privada ni eliminan la autonomía de las administraciones municipales. Por el contrario, funcionan como herramientas de ordenamiento basadas en criterios técnicos objetivos suministrados por la UPRA, que buscan armonizar la protección ambiental con la vocación productiva de cada región.
La validez técnica de este instrumento queda demostrada en la práctica, pues en ninguno de los municipios donde se han implementado las APPA se ha vulnerado el derecho a la propiedad o se ha impedido la ejecución de proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo local. Cada declaratoria responde a estudios especializados que garantizan la transparencia y la participación de los diversos actores, operando siempre bajo los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen las relaciones entre la Nación y los entes territoriales.
El Ministerio destaca que los beneficios de proteger el suelo agropecuario son cuantificables y positivos para el dinamismo económico nacional. En 2025, el sector agropecuario logró un crecimiento del 3,1 %, alcanzando cifras récord de producción que superaron los 41,7 millones de toneladas y los 5,8 millones de hectáreas cultivadas. Estas cifras demuestran que el acompañamiento estatal y la salvaguarda de los recursos rurales son factores decisivos para mantener la competitividad y fortalecer la economía nacional ante los retos globales.
El panorama que enfrenta el país exige medidas serias, ya que más de 20 millones de hectáreas presentan problemas severos de degradación física, química o biológica, afectando al 60 % de los municipios colombianos. En este contexto, cuidar la integridad del suelo no es una opción política coyuntural, sino una necesidad imperativa de justicia y supervivencia. El Ministerio reitera que la seguridad alimentaria es un derecho humano que debe ser protegido por encima de las presiones de mercado o de los ciclos electorales.
El compromiso gubernamental se ratifica en la defensa del campesinado y la protección del suelo como patrimonio público de especial relevancia. La actual administración mantiene su voluntad de continuar con este legado, promoviendo un campo más fuerte y tecnificado. Proteger el suelo rural agropecuario asegura que las comunidades productoras sigan siendo el eje fundamental de la política pública, entendiendo que el cuidado de la tierra es, ante todo, el cuidado de la vida y el futuro de todas las generaciones futuras.
