El Ministerio de Minas y Energía adoptó de manera oficial la primera Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético, consolidando un hito histórico para la inclusión y la diversidad en el país. Esta ambiciosa iniciativa traza una hoja de ruta con vigencia al año 2035 y contempla un total de 86 acciones concretas orientadas a cerrar las brechas estructurales que históricamente han limitado el desarrollo profesional de las mujeres en estas áreas estratégicas de la economía nacional.
La formulación de esta directriz institucional estuvo precedida por un diagnóstico riguroso que dejó al descubierto profundas desigualdades en el mercado laboral del sector. Las cifras oficiales revelan que la participación femenina representa apenas el 14,5% en la explotación de minas y canteras, el 24% en la industria de hidrocarburos y un rango de entre el 29% y el 33% en el sector eléctrico, descendiendo hasta un escaso 8,8% en el segmento de la minería industrial a gran escala.
Durante el acto oficial de adopción de la política, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, enfatizó que la equidad de género constituye una convicción política inquebrantable de la actual administración. El alto funcionario destacó que garantizar una mayor representación, voz y acceso a la toma de decisiones para las mujeres en los territorios resulta indispensable para consolidar una Transición Energética Justa que beneficie equitativamente a todas las regiones del país.
El documento estratégico se fundamenta en los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y acción climática, articulándose con los lineamientos del marco normativo nacional. Asimismo, la política integra y potencia los avances previos desarrollados por entidades adscritas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la UPME, unificando esfuerzos bajo un sistema común de metas, indicadores y mecanismos de seguimiento institucional.
Entre los propósitos fundamentales del plan se encuentran mejorar de manera sustancial las condiciones de contratación, permanencia y ascenso laboral para las mujeres, fomentar su liderazgo en los espacios directivos y transformar los estereotipos culturales que restringen su participación. La estrategia busca garantizar que el acceso al empleo formal y de calidad en las actividades mineras y energéticas sea inclusivo, seguro y respetuoso de la dignidad humana.
El plan de acción concertado prevé la ejecución progresiva de las 86 medidas durante la próxima década, destacándose la transversalización del enfoque de género en toda la gestión ministerial y la firma de convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Trabajo. Estas acciones permitirán auditar de forma permanente las condiciones laborales vigentes en las empresas operadoras, asegurando el cumplimiento estricto de las normativas de protección a la mujer trabajadora.
La coordinación operativa de esta política estará a cargo del equipo especializado de género de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), con el respaldo técnico de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del ministerio. Este andamiaje institucional garantizará un monitoreo riguroso y transparente sobre el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2035 en los diferentes territorios del país.
La cartera ministerial ratifica su compromiso irrestricto con la construcción de un modelo energético e industrial más competitivo, diverso y sostenible para las futuras generaciones de colombianos. Mediante la consolidación de esta política pública, el Gobierno nacional demuestra que la justicia social y la equidad de género son pilares indispensables para el desarrollo económico integral de la nación.
