Cerca de mil habitantes de Bojayá y Vigía del Fuerte asistieron este sábado al acto público de reconocimiento de responsabilidad y excusas del Estado colombiano, tras veinticuatro años de la masacre ocurrida en el Medio Atrato. La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en cumplimiento de la Sentencia cuarenta y cinco de dos mil diecinueve del Tribunal Administrativo del Chocó, que ratificó las fallas estatales en la protección civil.
El alto funcionario estuvo acompañado por los máximos comandantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y el Director General de la Policía Nacional. Durante su intervención, el Ministro exhortó a las fuerzas militares para que estos hechos dolorosos sean incluidos de forma permanente en los currículos de las escuelas de formación institucional, asegurando que la memoria histórica actúe como una garantía indispensable para la no repetición de actos tan atroces.
La justicia administrativa determinó que, aunque los grupos ilegales perpetraron el ataque, el Estado incumplió su deber constitucional de prevenir la tragedia. En dos mil dos, un cilindro bomba lanzado por las extintas FARC contra una iglesia, donde la población buscaba refugio de combates contra las extintas AUC, cobró la vida de más de cien personas. El Ministro calificó este suceso como un acto injustificable, contrario al Derecho Internacional Humanitario y a la dignidad humana.
Durante el evento, el jefe de la cartera de Defensa enfatizó que cada alerta temprana emitida por organismos de control debe ser atendida con celeridad, ya que vidas humanas dependen de una respuesta oportuna. Reiteró que el Estado no puede ser ajeno a las comunidades en riesgo y que el compromiso institucional debe orientarse siempre a la protección integral, la coordinación con autoridades étnicas y el respeto absoluto por los derechos fundamentales de las personas.
El acto contó con la presencia de representantes de diversas entidades nacionales, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo. Para los familiares de las víctimas, este escenario representó un paso necesario hacia la justicia y la verdad, elementos básicos para cualquier proceso de reparación integral. El Ministro resaltó que las instituciones deben reconocer sus fallas históricas para avanzar en la construcción de una convivencia pacífica que impida la recurrencia de la violencia en el territorio.
Desde el sector Defensa se reafirmó que el fortalecimiento de la atención inmediata frente a las alertas tempranas será una prioridad permanente. Se anunció que continuarán consolidando los mecanismos de seguridad en el Medio Atrato bajo estrictos protocolos que prioricen la vida de los civiles sobre cualquier otra consideración estratégica. Este esfuerzo busca transformar la desconfianza histórica en una relación de respeto y protección mutua entre las comunidades afectadas y la fuerza pública.
La ceremonia culminó con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo para proteger la paz. Las autoridades insistieron en que el dolor sufrido por las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte no puede quedar en el olvido, debiendo servir como una lección constante para que ninguna familia vuelva a padecer el horror del conflicto. El Ministerio se comprometió a seguir trabajando en la dignificación de los sobrevivientes y en la protección de sus derechos.
Con esta jornada, el Gobierno Nacional busca saldar una deuda moral con las víctimas del Medio Atrato. La memoria de los fallecidos, incluidos los cuarenta y ocho niños que perdieron la vida, permanece como un recordatorio de la necesidad de actuar con eficiencia y humanismo en los territorios. La reparación simbólica hoy entregada es, ante todo, un acto de justicia hacia quienes sobrevivieron a uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional.
