Iván Cepeda ha convocado a la Desobediencia Civil, que no tiene ley que la regule y legalice, pero es claro que a los servidores públicos como él, les estáprohibido insinuar desbordar la Constitución, marco normativo esencial que en su artículo 6 establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley y por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Entonces, se ha extralimitado, pues no puede, por ejemplo, confundirse el control político inherente al Congreso con un llamado al desorden, a la desestabilización y a la confrontación permanentes porque ello es distinto a ese ejercicio. Además, porque el llamado a desobedecer implica invitar a desconocer, no solo la Carta Política que todos estamos obligados a cumplir, sino, el ordenamiento jurídico en general y, las órdenes y decisiones de las autoridades competentes.
No tiene en cuenta el excandidato que a lo que se puede llamar es a la protesta pacífica, facultad establecida en la Carta Político en su artículo 37, el cual le otorga al pueblo el derecho de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, mandato respaldado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En cuanto a las sindicaciones que le hace Cepeda al presidente electo, Abelardo de la Espriella, fuera de poder ejercer sobre ellas el control político a que tiene derecho como jefe de la oposición con el presidente Petro, podrá realizar las demandas correspondientes y recurrir ante los organismos competentes, sin utilizar el procedimiento del llamado a la desobediencia civil, así sea pacífica, pues con ello intenta incendiar el país. Además, de la desobediencia a la rebelión el paso es corto.
Pero no causa sorpresa este llamado, como tantos del desafortunado manejo que el actual Gobierno le dio al Estado, desaprovechando, una oportunidad, quizás irrepetible para la efectivización de indispensables transformaciones de fondo que requiere el país.
Entonces, es una lástima que el Gobierno Petro, su candidato y quienes han orientado el progresismo,hayan y sigan desperdiciando las oportunidades de cambio, serias y efectivas.
Y algo elemental y necesario de que el país entienda:el senador Cepeda, como todos los congresistas,cuando no actúan como constituyente derivado reformando la Constitución, o como legisladores expidiendo leyes, únicamente tienen un poder reglado y limitado, dentro del marco de los poderes constituidos, pues el llamado a la desobediencia implica desconocer conscientemente el orden institucional o parte de él, así se pueda considerar injusto, como lo es nuestro sistema político en muchos aspectos. Esa facultad solo corresponde al pueblo como constituyente primario, pero no movido por un poder constituido.
Y el país no puede dejarse enredar para no llegar a saber de fondo y de la manera más integral posible sobre la corrupción galopante que terminó por ampliarse y anidarse aún más durante el Gobierno que termina.
Entonces, hay que recordar que la Corte Constitucional ha reconocido la desobediencia civil como una protesta válida, pero siempre que no se desconozca el orden institucional. Lo ha hecho a través de las sentencias T 571 de 2008 y T 603 de 2012, lo cual está bien, pero ello significa, como lo reitero, que la desobediencia no puede ser promovida por un poder constituido, pues se trata de una provocación intencionada contra la institucionalidad.
Columna de. Ricaurte Losada Valderrama
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