La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Daysi Carolina López González, conocida con el alias de La Flaca, por su supuesta responsabilidad en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza. El crimen ocurrió el 26 de abril de 2025 en un sector de la Troncal del Caribe, en Cartagena, y fue atribuido por las autoridades a integrantes del Clan del Golfo. Las investigaciones señalan que la mujer cumplió un rol estratégico facilitando la ejecución de este ataque armado.
El material probatorio indica que alias La Flaca, siguiendo instrucciones de los cabecillas de la subestructura La Patrulla, trasladó y entregó el arma de fuego utilizada por los sicarios. Según el expediente, los autores materiales del atentado se movilizaban en una motocicleta para realizar el seguimiento del líder social, a quien interceptaron y atacaron mientras se desplazaba en un vehículo de su propiedad. Este modus operandi permitió a los agresores concretar el homicidio y huir rápidamente del lugar de los hechos.
López González mantiene presuntos vínculos con el Clan del Golfo desde el año 2021, donde se desempeñaba bajo el rol de rodadora. Esta función consistía en actuar como la encargada de resguardar y transportar el armamento ilegal empleado en distintos hechos delictivos en la región. Su captura fue materializada por unidades de la Policía Nacional en el sector Las Maravillas de Cartagena, tras la expedición de la respectiva orden judicial emitida por los organismos encargados de la investigación.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a la procesada los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A pesar de la contundencia de los elementos probatorios presentados ante el despacho judicial, López González no aceptó los cargos formulados durante la audiencia preliminar. Por tal razón, el proceso continuará su curso bajo la supervisión de las autoridades competentes para esclarecer todos los pormenores del caso.
Por disposición de un juez de control de garantías, la mujer deberá cumplir una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. Esta decisión judicial busca garantizar la presencia de la procesada durante las etapas siguientes de la investigación y evitar cualquier posible obstrucción a la justicia. La Fiscalía mantiene el compromiso de desarticular la cadena logística de grupos armados ilegales que atentan contra la vida de líderes sociales en diversas zonas del territorio nacional.
La desarticulación de esta estructura criminal y la captura de sus integrantes representan un avance significativo para la justicia en el departamento de Bolívar. El esclarecimiento de los crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios constituye una prioridad para la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Con la detención de alias La Flaca, las autoridades golpean la operatividad de la subestructura La Patrulla, limitando su capacidad para proveer armamento destinado a actividades delictivas contra la población civil.
Las labores investigativas se prolongarán para identificar a otros posibles autores intelectuales y materiales involucrados en el homicidio de Galvis Plaza. La recolección de testimonios y pruebas técnicas sigue siendo el eje central para consolidar un caso sólido que conduzca a una sentencia condenatoria ejemplar. La Fiscalía reafirma su voluntad de agotar todos los recursos legales disponibles para que los crímenes contra líderes sociales no queden en la impunidad y se brinde reparación a las víctimas y sus familias.
La administración de justicia prosigue con las audiencias preparatorias conforme a los términos establecidos por la ley colombiana. La participación ciudadana, a través de la denuncia y el suministro de información relevante, sigue siendo un componente decisivo para que las autoridades puedan desarticular estas redes de criminalidad organizada. Este resultado judicial reafirma que el Estado colombiano trabaja de manera coordinada para perseguir a quienes participan en agresiones directas contra los liderazgos sociales y el orden público.
