Abelardo De la Espriella designó al abogado Iván Cancino como ministro de Justicia y del Derecho, dentro del bloque de seis nombramientos anunciados el 7 de julio de 2026. Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y un diplomado en Gestión Estatal, una formación que combina el litigio con el conocimiento en gestión pública.
Su carrera profesional combina más de dos décadas de litigio penal con el ejercicio académico: ha sido decano y docente universitario tanto en Colombia como en instituciones del exterior, y también se desempeñó previamente como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, un cargo que le dio experiencia directa dentro del sistema de justicia que ahora tendrá que dirigir desde el ministerio.
Es, junto con Jaime Andrés Beltrán, uno de los perfiles más mediáticos del nuevo gabinete, por su trayectoria como defensor de políticos, empresarios y exfuncionarios en procesos judiciales de alto impacto público, generalmente relacionados con corrupción y contratación estatal, casos que a lo largo de los años lo mantuvieron en la conversación pública mucho antes de que su nombre empezara a sonar para un cargo ministerial.
Entre los casos que más se le atribuyen está la defensa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), investigado dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como la representación del abogado Diego Cadena en el proceso por presunta manipulación de testigos vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dos de los procesos judiciales más comentados de los últimos años en Colombia.
Cancino fue también una de las voces más visibles en el respaldo público a la candidatura de De la Espriella, activo en redes sociales y en espacios de debate durante toda la contienda electoral, y lideró el componente de justicia dentro del equipo de empalme del gobierno entrante, antes de que se confirmara formalmente su nombramiento como ministro, un recorrido que sugiere que su llegada al cargo no fue una sorpresa de última hora dentro del círculo cercano al presidente electo.
Entre los frentes de trabajo que se anticipan para su gestión, de acuerdo con las propuestas planteadas por el propio gobierno entrante durante la campaña y el proceso de transición, están la construcción de nuevas cárceles de gran capacidad, el fortalecimiento y la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la eventual implementación de cadena perpetua para delitos específicos sin necesidad de una reforma constitucional.
Otro de los frentes que previsiblemente marcará su gestión es la relación del nuevo gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que De la Espriella ha cuestionado abiertamente en distintos momentos de su carrera pública; es importante distinguir que estos son planteamientos de campaña y de transición, y no decisiones ya adoptadas de manera formal por el ministerio, que solo empezará a operar formalmente a partir del 7 de agosto.
