La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, y el particular Yecid Castro Rojas. Este grupo es señalado de participar en el hurto de 10 motocicletas que permanecían bajo custodia en la estación de Policía de El Tambo, Cauca, tras haber sido previamente recuperadas en operativos realizados en la Vía Panamericana.
La investigación detalla que entre el 18 de enero y el 15 de febrero de 2026, los implicados omitieron el reporte oficial de los vehículos recuperados en el sector de Río Blanco, jurisdicción de Popayán. Aprovechando su posición dentro de la institución, facilitaron el ingreso de terceros al parqueadero policial para sustraer los automotores. Este actuar irregular vulneró la cadena de custodia y los procedimientos estándar que rigen la gestión de elementos incautados.
El mayor Hernández Rubiano, en su rol de oficial, es señalado de auspiciar estas omisiones y autorizar el retiro de los vehículos en dos momentos distintos. Por su parte, la patrullera Leiton Sánchez, encargada de las incautaciones iniciales, habría coordinado la extracción de las motos el 15 de febrero, valiéndose de su autoridad para relevar a los guardias de turno y dar paso libre a Castro Rojas, quien colaboraba desde el exterior.
La patrullera Joaqui Zúñiga, quien ejercía funciones secretariales, habría facilitado el acceso de personal no autorizado para la sustracción de los automotores el 18 de enero. Estas acciones coordinadas permitieron que los vehículos, fundamentales para las investigaciones por hurto en la región, fueran entregados ilegalmente a particulares. El desvío sistemático de estos bienes pone en evidencia una falla crítica en los protocolos de vigilancia dentro de la unidad afectada.
Los presuntos responsables fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo operativo de la Policía Nacional, en procedimientos ejecutados simultáneamente en Popayán y Tunja. Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó cargos por prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Durante la audiencia, los procesados se declararon inocentes y no aceptaron los delitos formulados por el ente acusador.
Como medida de control, un juez de garantías ordenó la reclusión inmediata en centro carcelario para el mayor y las dos patrulleras, considerando la gravedad de los hechos y su posible influencia en el proceso. El particular Yecid Castro Rojas cumplirá la medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Esta decisión busca proteger la integridad de las pruebas y asegurar la comparecencia de todos los involucrados durante el juicio oral.
Las autoridades judiciales han reiterado que este caso se maneja con total reserva para evitar interferencias en las siguientes etapas procesales. La comunidad de El Tambo ha manifestado su preocupación ante la implicación de miembros de la fuerza pública en actos delictivos que afectan la confianza en las instituciones. Este precedente judicial busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad y el cumplimiento del deber por parte de quienes custodian los bienes del Estado.
El compromiso de la Fiscalía General de la Nación es avanzar con celeridad para determinar la responsabilidad definitiva de cada uno de los capturados en este escándalo. La justicia colombiana mantendrá la ofensiva contra cualquier intento de corrupción que involucre la sustracción o el manejo indebido de elementos bajo custodia oficial. La investigación continuará su curso para asegurar que los actos que atentan contra la administración pública sean debidamente sancionados conforme a la ley penal vigente.
