El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional ha emitido una declaración institucional contundente, anunciando la suspensión de las sesiones conjuntas de transición. La decisión responde a lo que consideran ataques persistentes y una narrativa política que desnaturaliza el proceso, especialmente tras los señalamientos del integrante del equipo entrante, Carlos Alonso Lucio. El Gobierno Nacional ha radicado una denuncia penal contra Lucio, argumentando que sus declaraciones recientes han afectado el buen nombre del Presidente y de su equipo ministerial.
La postura oficial subraya que el empalme no constituye una investigación penal, ni una plataforma política o un juicio, sino un deber de Estado regido por la Constitución y la ley. El Gobierno sostiene que el proceso debe garantizar la continuidad de la administración pública y proteger el interés general sin interrupciones. Por lo anterior, se informó que el Ejecutivo no aceptará que la mesa de trabajo sea utilizada como un escenario de acusaciones sin fundamento legal previo.
En un gesto de transparencia, el Comité ha extendido una invitación formal al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que los entes de control participen activamente en las sesiones, reforzando la vigilancia preventiva y la confianza pública. El Gobierno Nacional reitera que no tiene nada que ocultar y reafirma su disposición para entregar toda la información requerida, siempre que el ejercicio se desarrolle bajo un marco de seriedad técnica, buena fe y respeto recíproco.
La suspensión de las mesas de empalme se mantendrá hasta tanto existan garantías plenas de respeto institucional. Según el comunicado oficial, es incompatible desarrollar un trabajo técnico mientras persistan ataques personales y el uso de una narrativa que etiqueta el proceso como un "empalme anticorrupción" sin evidencia. El Gobierno enfatiza que la grandeza de una democracia se refleja en la madurez con la que se concluye un mandato y se cumple con el deber institucional frente a la ciudadanía.
Siguiendo esta línea, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también confirmó la suspensión inmediata de sus mesas de empalme sectoriales. La entidad ratificó que, aunque mantienen plena disposición para avanzar en la entrega de informes, esto solo será posible cuando se asegure el debido respeto por la dignidad ministerial y presidencial. El Ministerio exige condiciones de rigor, transparencia y cumplimiento de las normas establecidas para garantizar que el interés general siga primando sobre agendas políticas particulares durante la transición.
Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptó un tono diferente en su comunicación, aunque mantuvo su postura sobre la importancia de la transición. La cartera afirmó que su gestión ha sido entregada con absoluta apertura y transparencia, subrayando que lo construido pertenece al país cultural y no a una administración específica. El comunicado enfatiza que la institucionalidad se fortalece cuando los hechos y datos verificables reemplazan las sospechas y conjeturas lanzadas desde la desinformación.
El sector cultura insistió en la necesidad de preservar lo logrado durante estos años de administración, destacando que las políticas culturales requieren continuidad al ser derechos consagrados y obligaciones permanentes del Estado. Con esta postura, el Ministerio invita a todas las partes a dejar de lado la calificación política del proceso de transición, recordando que su labor es entregar una "casa en orden y abierta" hasta el último día, priorizando el beneficio de los creadores y las comunidades territoriales.
El desenlace de esta crisis en el proceso de empalme dependerá ahora de los acercamientos que se logren entre el equipo saliente y los designados por el presidente electo. La exigencia de respeto mutuo ha sido planteada como el requisito indispensable por el Gobierno, sentando un precedente sobre los límites del debate en un proceso de transición. Colombia queda a la espera de que las condiciones mínimas se restablezcan para que el ejercicio, fundamental para el funcionamiento del Estado, retome la altura.
