La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción. En este mismo proceso judicial fue acusado el particular Juan Camilo Sánchez Torres, señalado por el delito de concusión. Las autoridades investigan presuntas irregularidades en la gestión de trámites urbanísticos que comprometen la administración municipal durante el periodo reciente.
Según el expediente, los hechos iniciaron el 8 de junio de 2025, cuando el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres como asesor para gestionar permisos administrativos. La investigación sugiere que el alcalde ordenó aumentar los honorarios del contratista, quien recibió pagos cercanos a 48 millones de pesos durante los 11 meses que prestó sus servicios profesionales en el despacho.
El material probatorio indica que el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, la suma de 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor total fijado para la ampliación de una licencia de construcción. Aunque la exigencia económica fue retirada posteriormente, dos días después el alcalde expidió una resolución que, según la Fiscalía, constituyó una retaliación ante la negativa de la empresaria.
La decisión administrativa, presuntamente afectada por un conflicto de intereses, resultó en el rechazo de la solicitud de ampliación de la licencia por parte de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a 232 millones de pesos, acción que los investigadores califican como una forma de presión indebida para obtener beneficios económicos.
El proceso penal busca esclarecer cómo el alcalde utilizó su posición de poder para favorecer intereses particulares y presionar a los administrados mediante el uso de facultades discrecionales. La acusación formal constituye un paso decisivo en la etapa judicial, permitiendo que la Fiscalía presente ante los jueces de conocimiento los elementos materiales probatorios que soportan las graves conductas imputadas al mandatario local y a su colaborador externo en estos hechos.
El caso de Villa de Leyva ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión urbanística y el cumplimiento de los principios de imparcialidad en la función pública. Las autoridades judiciales han enfatizado la importancia de garantizar la integridad de los procedimientos administrativos, evitando que los funcionarios públicos utilicen su cargo para obtener beneficios económicos ilícitos o para ejercer represalias contra quienes se niegan a acceder a exigencias indebidas.
Los procesados deberán enfrentar las audiencias de juicio oral, donde se definirá su responsabilidad penal por los delitos de concusión y prevaricato. La Fiscalía ha reiterado que el material probatorio es contundente respecto a la presunta comisión de las conductas punibles. Mientras tanto, la comunidad aguarda los resultados del proceso judicial, que sentará un precedente importante sobre la lucha contra la corrupción dentro de las administraciones municipales en el departamento de Boyacá.
Esta información se difunde bajo estrictos criterios de interés general para mantener a la ciudadanía informada sobre el ejercicio de la justicia frente a irregularidades en la administración de los recursos y decisiones públicas. El avance de este proceso judicial subraya el compromiso del ente acusador por combatir la corrupción en los niveles locales, protegiendo los derechos de los inversionistas y la legalidad en el desarrollo territorial del municipio.
