La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con operaciones en Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema de defraudación que resultó en la apropiación irregular de 11.754 dólares. Según la investigación, el implicado utilizó sus facultades administrativas para tramitar, validar y aprobar solicitudes de viáticos que no cumplían con los requisitos operativos exigidos por la entidad, desviando los recursos hacia cuentas bancarias de su titularidad.
La metodología del presunto fraude consistió en el ingreso reiterado al sistema informático de la filial, utilizando las credenciales personales del exfuncionario para registrar peticiones ficticias de comisiones y reembolsos. En total, se identificaron cinco solicitudes, de las cuales cuatro fueron aprobadas y desembolsadas con éxito durante el año 2024. Los montos fueron girados en fechas escalonadas, incluyendo transferencias por 3.613 dólares en septiembre, dos giros en octubre por 786 y 4.497 dólares, y un último desembolso de 2.858 dólares en noviembre.
Para lograr el visto bueno de las peticiones, Valenzuela Rojas habría falsificado soportes documentales y alterado fechas de supuestos desplazamientos, buscando justificar gastos que nunca ocurrieron. Uno de los hallazgos más reveladores del ente investigador señala la presentación de una factura falsa de un hotel en Houston, con la cual pretendía acreditar una estadía de varios días por un valor de 2.800 dólares. Esta inconsistencia documental fue pieza clave para que la Fiscalía reconstruyera el actuar del exfuncionario.
El sistema de control interno de la compañía logró bloquear una quinta solicitud, la cual ascendía a los 2.179 dólares, al detectar irregularidades en los soportes presentados. A pesar de este intento de frenar el desfalco, la Fiscalía determinó que el daño patrimonial ya se había concretado con los giros previos. Este hallazgo fue comunicado de inmediato a las autoridades competentes, dando inicio a la investigación penal por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Durante las audiencias preliminares, el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción formalizó la imputación de cargos contra Valenzuela Rojas, quien optó por no aceptar su responsabilidad ante los delitos señalados. La justicia deberá ahora evaluar el acervo probatorio presentado por el ente acusador, que incluye registros de acceso al sistema, trazabilidad de las transacciones bancarias y las facturas falsas que el implicado habría usado para engañar a los auditores de la filial petrolera.
El caso cobra especial relevancia por tratarse de recursos destinados a la operación estratégica de una empresa del Estado colombiano en el exterior. La judicialización envía un mensaje contundente sobre la política de cero tolerancia hacia la corrupción dentro de Ecopetrol y sus empresas vinculadas. La Fiscalía General de la Nación continúa con las labores investigativas para determinar si existen otros funcionarios que pudieran haber tenido conocimiento o participación en la aprobación de estos pagos irregulares.
Este procedimiento forma parte de los esfuerzos continuos de la Fiscalía para proteger el patrimonio público contra las malas prácticas corporativas. La lucha contra la corrupción en las filiales internacionales es una prioridad para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la nación. Valenzuela Rojas enfrentará ahora las etapas procesales correspondientes, donde su defensa podrá controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía, mientras el ente acusador busca asegurar que los montos apropiados sean recuperados en su totalidad.
El proceso judicial seguirá su curso bajo la supervisión de los jueces de la República, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas. La Fiscalía subrayó que la transparencia en el ejercicio de las funciones administrativas es un deber irrenunciable para cualquier servidor público, sin importar la jurisdicción donde se desempeñe. La comunidad permanece atenta a las futuras audiencias, esperando que el rigor de la ley se aplique con contundencia frente a conductas que menoscaban la integridad institucional.
