La Fiscalía General de la Nación logró la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Óscar Giovanny Marulanda, señalado como el responsable del feminicidio agravado de una mujer en Soacha, Cundinamarca. El caso, que ha conmocionado a la comunidad, detalla un patrón sistemático de violencia de género. Según la investigación, el agresor conoció a la víctima en febrero de 2026, mientras ella laboraba en un almacén de utensilios para el hogar, e inició un asedio constante tras ser rechazado sentimentalmente.
Los informes judiciales indican que la víctima sufrió episodios reiterados de hostigamiento, obligándola a solicitar protección en múltiples ocasiones. La Policía Nacional debió intervenir en dos oportunidades para escoltar a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su domicilio, buscando garantizar su integridad física frente a las continuas intimidaciones. Pese a las alertas y las medidas de protección informales, el agresor persistió en su conducta, llegando incluso a presentarse en la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima.
El fatal desenlace ocurrió el domingo 12 de junio, cuando Marulanda ingresó al establecimiento comercial donde la mujer cumplía su jornada laboral. Armado con un cuchillo, el victimario le propinó cuatro heridas mortales. Aunque los agentes de la Policía Nacional intentaron salvar su vida trasladándola de urgencia a un centro asistencial en una patrulla oficial, la gravedad de las lesiones causó su fallecimiento poco tiempo después. El señalado agresor fue capturado en flagrancia por los uniformados que atendieron el llamado de auxilio.
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca presentó cargos contra el detenido por el delito de feminicidio agravado. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador; sin embargo, el juez penal de control de garantías consideró que las pruebas recolectadas son contundentes y representan un riesgo real para la sociedad. En consecuencia, dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad, ordenando su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario.
Este trágico suceso pone de relieve los retos críticos que enfrenta el sistema de justicia colombiano para prevenir violencias basadas en género. La investigación ha demostrado que la víctima había sido objeto de un acoso persistente, el cual debió ser detectado y mitigado con mayor contundencia por las autoridades locales. El caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres, especialmente cuando existen antecedentes claros de amenazas que preceden a eventos de violencia física letal.
La Fiscalía General de la Nación ratificó su compromiso de avanzar en la judicialización de los responsables de actos violentos contra las mujeres. Este proceso busca que el feminicida reciba la sanción penal correspondiente por el daño causado, buscando justicia para la familia de la víctima. Las autoridades han destacado la importancia de que la ciudadanía denuncie de manera oportuna cualquier tipo de acoso o conducta que amenace la integridad, ya que esto resulta fundamental para prevenir desenlaces irreparables en los entornos laborales y residenciales.
Las organizaciones sociales de Soacha han hecho un llamado para que el caso no quede en la impunidad y se implementen políticas públicas efectivas contra el feminicidio. La consternación en la comunidad local es evidente, pues la víctima era reconocida por su labor constante en el almacén donde fue atacada. El sistema judicial deberá ahora asegurar que el desarrollo del juicio cumpla con los estándares necesarios para dictar una sentencia ejemplar que reconozca la gravedad de la conducta delictiva cometida por Marulanda.
La lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad institucional, instando a todas las entidades estatales a trabajar de manera articulada. El acompañamiento a las víctimas no debe limitarse a la respuesta policial, sino abarcar un enfoque integral que incluya apoyo psicosocial y judicial riguroso desde las primeras manifestaciones de acoso. La sociedad civil espera que este caso de feminicidio sirva como un recordatorio urgente sobre la responsabilidad colectiva e institucional en la protección de los derechos de las mujeres.
