El Gobierno Nacional oficializó la declaratoria del Sistema Hidráulico Prehispánico del Bajo San Jorge y La Mojana como Área Arqueológica Protegida, convirtiéndose en el territorio más extenso del país bajo esta categoría. La firma, realizada en el municipio de San Marcos (Sucre), marca un hito en la salvaguardia del patrimonio arqueológico nacional, al proteger un sistema territorial único en América, compuesto por una compleja red de canales, camellones, túmulos y plataformas de vivienda con una antigüedad de aproximadamente 3.000 años.
La extensión protegida abarca cerca de 340.000 hectáreas, distribuidas en seis municipios de Sucre y tres de Córdoba. Este paisaje arqueológico fue diseñado por sociedades prehispánicas para controlar y gestionar las dinámicas fluviales de esta llanura de inundación, permitiendo no solo la habitación humana, sino también un sistema de producción agrícola avanzado. En la actualidad, esta infraestructura sigue siendo testimonio de una forma de vida adaptativa que permite el aprovechamiento sostenible del agua.
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, subrayó que esta declaratoria constituye un acto de justicia histórica y un compromiso con la memoria de la región. El objetivo central es garantizar la investigación científica, la preservación y la visibilización de este legado, integrándolo como un elemento fundamental en el ordenamiento territorial contemporáneo, especialmente valioso frente a los retos que impone la variabilidad climática actual.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Alhena Caicedo, enfatizó que esta protección estatal busca poner en valor las maneras ancestrales de habitar el territorio. El propósito es que la declaratoria no interfiera con las dinámicas productivas de las comunidades actuales, sino que sirva como un recordatorio permanente de la resiliencia y armonía con la naturaleza que caracterizaron a las sociedades antiguas, promoviendo un modelo de vida sostenible.
El país cuenta ahora con 23 Áreas Arqueológicas Protegidas, un listado que incluye hitos como el galeón San José y el tramo del Qhapaq Ñan en Pasto. Con esta nueva inclusión, el Estado colombiano refuerza su deber constitucional de proteger la nación, al tiempo que abre el conocimiento de un pasado complejo y sofisticado para que la ciudadanía pueda apropiarse de su historia y valorar las lecciones que estas infraestructuras hidráulicas ofrecen ante los desafíos ambientales modernos.
Representantes de las gobernaciones de Sucre y Córdoba destacaron que este reconocimiento es un paso fundamental para generar mejores condiciones de vida en el presente. Interpretar y comprender estos vestigios prehispánicos permitirá a los departamentos diseñar estrategias de desarrollo regional que, al igual que en el pasado, prioricen la relación armónica con el agua, transformando los legados arqueológicos en activos para la resiliencia climática.
La relevancia de este sistema ha sido validada previamente en documentos de política pública, como el CONPES 4084 de 2022, donde se reconoce esta infraestructura como una solución armónica frente a las inundaciones recurrentes que afectan a La Mojana. La declaratoria del Estado, más que un acto administrativo, funciona como una herramienta estratégica para fortalecer el ordenamiento territorial y prevenir afectaciones futuras en una de las zonas más vulnerables de la geografía nacional.
Al concluir este proceso de protección, las autoridades reiteraron el mensaje de esperanza para los pobladores del Bajo San Jorge. Proteger los canales y camellones es, en esencia, proteger la memoria y la sabiduría técnica de una civilización que logró prosperar en uno de los terrenos más desafiantes del continente. El desafío ahora es asegurar que esta declaratoria se convierta en una garantía real para el bienestar y la sostenibilidad de las comunidades que habitan hoy estas tierras.
