La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 17 personas involucradas en una red criminal dedicada a la extorsión telefónica desde el centro penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá. La investigación reveló que esta estructura contactaba a ciudadanos en diversas ciudades del país para realizar exigencias económicas mediante amenazas de muerte contra las víctimas y sus familias, suplantando a estructuras armadas organizadas para intimidar a los ciudadanos durante el año 2025.
La red operaba mediante una división de roles claramente establecida: varios integrantes recopilaban información sensible sobre la actividad económica, ubicación y datos familiares de las víctimas, la cual era transmitida a los reclusos. Con estos datos precisos, los internos realizaban llamadas extorsivas exigiendo giros y consignaciones inmediatas. Este esquema permitió que, durante todo el año pasado, los delincuentes obtuvieran beneficios ilícitos mediante el uso constante de dispositivos móviles prohibidos.
El operativo de captura se ejecutó de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y departamentos como Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. Un aspecto crítico del caso es la presunta participación de funcionarios del INPEC, quienes facilitaron la entrada de celulares y otros elementos electrónicos a los pabellones. Los dragoneantes señalados fueron identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez.
Los 17 detenidos fueron presentados ante un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien les imputó el delito de extorsión. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, la contundencia de las pruebas recolectadas permitió que el juez de control de garantías impusiera medidas restrictivas para asegurar el avance del proceso judicial. Cabe destacar que el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación destaca la complicidad de los guardias, quienes omitieron deliberadamente sus funciones de custodia y vigilancia para favorecer el actuar delictivo. Esta omisión facilitó que los reclusos tuvieran acceso a tecnología necesaria para mantener el control sobre sus víctimas externas. La Fiscalía continúa trabajando para desmantelar por completo esta estructura, buscando identificar a otros posibles cómplices internos que hayan permitido la vulneración de los protocolos de seguridad dentro del penal boyacense.
Para el Ministerio Público, este caso es un ejemplo de la necesidad de endurecer las políticas de control en los centros de reclusión del país. La infiltración de funcionarios en esquemas delincuenciales pone en riesgo la efectividad de las penas privativas de la libertad y la seguridad de la ciudadanía. La Fiscalía ha enfatizado que no tolerará actos de corrupción que debiliten el sistema penitenciario ni permitan que los recintos carcelarios se conviertan en oficinas de extorsión nacional.
El proceso legal seguirá su curso con los demás implicados, quienes continuarán vinculados a la investigación mientras las autoridades recopilan testimonios y más evidencias técnicas. Se espera que los resultados de esta judicialización sirvan como mensaje disuasorio para otros funcionarios y delincuentes que utilicen la suplantación de estructuras armadas como mecanismo de lucro. Las autoridades mantienen los operativos de inteligencia en las cárceles para detectar el ingreso de elementos prohibidos y prevenir delitos desde el interior.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reafirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. La desarticulación de esta red en El Barne marca un precedente importante para el Gaula en la protección del patrimonio y la tranquilidad de los colombianos. La investigación seguirá abierta hasta esclarecer totalmente el alcance de esta red y asegurar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos ante la justicia.
