La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de nueve presuntos integrantes de una organización criminal señalada de captar mujeres en condición de vulnerabilidad para traficar cocaína y marihuana. Esta red operaba principalmente desde Medellín y San Andrés Islas, convenciendo a jóvenes de viajar a destinos internacionales y centros penitenciarios colombianos con estupefacientes ocultos en sus cuerpos, exponiendo su salud e integridad de forma sistemática durante años.
El material probatorio permitió establecer que los detenidos coordinaban la salida de los cargamentos hacia países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. La gravedad de estas operaciones criminales alcanzó un punto crítico al confirmarse la muerte de una de las mujeres instrumentalizadas, quien falleció debido a la peligrosidad de transportar las sustancias ilícitas de manera interna. Este hecho se convirtió en una pieza clave para la investigación judicial.
Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido como alias El Mago, ha sido identificado como el presunto cabecilla encargado de la logística y distribución, mientras que Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro, se ocupaba de la adquisición de las sustancias desde San Andrés. Por otro lado, Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara, cumplía el rol de captadora, mientras que otras integrantes se especializaban en el traslado de cargamentos hacia las cárceles del país.
La investigación contó con un enfoque diferencial y de género, resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Durante el proceso, se lograron recopilar evidencias sobre diversos hechos delictivos cometidos entre el año 2022 y junio del presente año, periodo en el cual la red logró consolidar sus rutas de exportación ilegal.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los nueve procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tras la audiencia de judicialización, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los implicados. Esta decisión busca garantizar que los presuntos delincuentes permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso penal por la gravedad de sus actos contra las víctimas.
Los otros miembros procesados son Xiomara Andrea Ruiz Taborda, Sergio Alexander Quimbay Castro, Jessica Murillo Álvarez, Marly Marcela Chacón Saldarriaga, María Salomé González y Valentina Suaza Holguín. La captura de este grupo desmantela una estructura que aprovechaba las necesidades económicas de mujeres jóvenes para convertirlas en piezas de su cadena de tráfico, poniendo en riesgo vidas humanas en aras de consolidar sus rutas de narcóticos hacia el extranjero.
El caso subraya los riesgos críticos del transporte de sustancias ilícitas, una modalidad que las autoridades han combatido con prioridad debido a la vulneración sistemática de los derechos humanos. El uso de la fuerza coercitiva y el engaño contra las mujeres reclutadas fue una constante en el modus operandi de la red, que operaba bajo una estructura jerárquica clara para evadir los controles aeroportuarios y de las autoridades de vigilancia penitenciaria.
Finalmente, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar si existen otros cómplices vinculados a la red que pudieran haber facilitado las salidas de las mulas hacia Europa y otros destinos. La Fiscalía reitera su compromiso de proteger a las poblaciones vulnerables frente a este tipo de organizaciones que utilizan el delito como medio para lucrarse sin importar el costo humano. Los detenidos enfrentan ahora la justicia colombiana por estos graves delitos.
