El Gobierno Nacional ha culminado con éxito la implementación de su primer modelo comunitario de conectividad, una estrategia integral que ha logrado llevar internet a 26.926 hogares de estratos 1 y 2 en las regiones más apartadas de Colombia. Este esfuerzo, liderado por el Ministerio TIC, no solo se centró en la infraestructura, sino en el empoderamiento local al fortalecer a 48 pequeños proveedores de internet (ISP) y consolidar 484 Juntas de Internet, permitiendo que las propias comunidades gestionen su acceso al mundo digital.
La estrategia fue fundamental para cerrar la brecha digital en 253 municipios priorizados de 28 departamentos, territorios donde la oferta comercial tradicional de los grandes operadores es inexistente o insuficiente. Con este modelo, el país superó los 3,5 millones de nuevos hogares conectados durante el cuatrienio, demostrando que la articulación entre el Estado, los operadores regionales y las organizaciones sociales es la ruta efectiva para democratizar el acceso a la tecnología.
La Guajira, Antioquia y Boyacá se destacan como los departamentos líderes en resultados, sumando la mayor cantidad de familias beneficiadas y juntas de internet en funcionamiento. En La Guajira, por ejemplo, el impacto alcanzó los 5.350 hogares y 97 juntas, mientras que en Boyacá y Antioquia el despliegue de estas estructuras comunitarias ha permitido que organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal asuman con autonomía la operación del servicio, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.
Este esquema inédito en Colombia reconoce el acceso a internet como un servicio público esencial, lo que ha facilitado la expansión de redes troncales de fibra óptica hacia municipios que antes carecían de cualquier alternativa. Al combinar la infraestructura tecnológica con el fortalecimiento de operadores locales, el Gobierno logró superar barreras geográficas históricas, integrando a poblaciones rurales y dispersas que permanecían aisladas de los beneficios del ecosistema digital.
Más allá de la instalación de cables y dispositivos, el impacto social de esta iniciativa es profundo. El acceso a la red se convierte en un catalizador para la educación, la salud, el teletrabajo y la inclusión financiera, reduciendo la pobreza digital y ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo económico. Familias que antes carecían de estas herramientas hoy pueden realizar trámites en línea, acceder a servicios financieros y participar del comercio electrónico, mejorando notablemente su calidad de vida.
La ministra TIC, Carina Murcia, subrayó que el cierre de la brecha digital comienza en el territorio. Al dotar a los ISP regionales y a las comunidades de capacidades instaladas, el Estado asegura que la conectividad perdure y se adapte a las necesidades locales. Este enfoque multidimensional transforma al ciudadano de un simple consumidor de datos en un gestor de su propia red, garantizando que el servicio de internet se convierta en un activo comunitario de gran valor.
La red de Juntas de Internet se ha expandido por todo el territorio, alcanzando departamentos tan diversos como Amazonas, Vichada, Chocó y Cauca, entre otros. Esta presencia nacional demuestra la versatilidad del modelo y su capacidad para replicarse en entornos geográficos complejos. Con esta estrategia, el Gobierno deja sembrada una capacidad operativa que permitirá a las regiones seguir avanzando hacia un futuro digital, donde la conectividad sea un pilar para el ejercicio pleno de los derechos.
Al finalizar este ciclo, el Gobierno Nacional entrega un legado de conectividad inclusiva, dejando operando una red basada en la participación ciudadana y la transparencia. La consolidación de este modelo marca un antes y un después en la política pública de telecomunicaciones, al asegurar que la tecnología llegue realmente a los rincones olvidados del país, promoviendo un desarrollo más equitativo y moderno para todas las familias colombianas.
