El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio aclararon de manera contundente ante la opinión pública que el actual proceso de contratación para el Centro Integral de Atención Ciudadana garantiza plenamente la libre competencia, la selección objetiva y la total transparencia institucional, respondiendo así a los recientes cuestionamientos difundidos por diversos medios de comunicación durante la actual temporada del año en curso.
Las directivas precisaron que la vinculación del talento humano operativo se adelanta mediante el Acuerdo Marco de Precios establecido para servicios de tercerización administrativa, cuyas reglas y precios techos son de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores inscritos, asegurando de esta forma la igualdad de condiciones comerciales sin favorecer intereses particulares dentro del mercado nacional especializado en la gestión corporativa.
Asimismo, la entidad institucional desmintió categóricamente la existencia de omisiones técnicas frente a las inquietudes presentadas por los proponentes, destacando que durante la etapa de publicidad del evento se recibieron y respondieron de forma pública, individual y motivada un total de 32 observaciones formuladas por las dos empresas interesadas en el proceso contractual oficial.
Respecto a los falsos señalamientos sobre supuestas ausencias de infraestructura, licencias o conectividad tecnológica, las autoridades explicaron que el Fondo Rotatorio ya dispone de un contrato vigente que provee una plataforma omnicanal en la nube con soporte permanente administrado directamente por la Dirección de Información y Tecnología de la Cancillería nacional.
Los portavoces oficiales detallaron que la orden de compra se circunscribe exclusivamente a la adquisición del talento humano necesario para operar dichos sistemas tecnológicos, advirtiendo que pretender incluir licencias o equipos preexistentes habría constituido una grave duplicidad presupuestal y una evidente ineficiencia en el manejo de los recursos públicos asignados a la administración estatal.
En el marco de una rigurosa planeación financiera, la entidad proyecta el trámite necesario para solicitar vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, buscando garantizar la continuidad a largo plazo de los servicios de atención ciudadana sin afectar el presupuesto general de la nación ni interrumpir las operaciones cotidianas en beneficio de los usuarios.
La administración ministerial reprochó firmemente que actores externos o proveedores utilicen valoraciones sesgadas o acciones jurídicas de mala fe para entorpecer el interés general de la ciudadanía, intentando forzar a las entidades estatales a incurrir en contrataciones innecesarias que únicamente buscan beneficiar intereses económicos particulares en detrimento del patrimonio público colombiano.
Las autoridades reiteraron que todos los documentos oficiales del proceso contractual, incluyendo los estudios previos y el formulario detallado de respuestas, se encuentran publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para consulta de los organismos de control, ratificando su firme compromiso con la moralidad administrativa y la excelencia en el servicio exterior para la comunidad.

