El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, descartó la existencia de irregularidades en el proceso de escrutinio tras la reciente jornada de votación en el país. El jefe del Ministerio Público se pronunció formalmente al mediodía para aclarar que, tras las revisiones técnicas de sus delegados, no se registran anomalías en las mesas de votación. De esta manera, la entidad busca dar un parte de tranquilidad y normalidad institucional a los ciudadanos frente al desarrollo del calendario democrático.
La declaración oficial surge como respuesta directa a las afirmaciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, quien manifestó su inconformidad con los resultados del preconteo. El jefe de Estado cuestionó públicamente el desarrollo de los comicios y sugirió anomalías en la consolidación de los datos oficiales de la primera vuelta presidencial. Ante este panorama, el organismo de control consideró prioritario fijar una postura institucional fundamentada en el estricto seguimiento realizado en los diferentes puestos de votación del territorio nacional.
Eljach Pacheco fue enfático al señalar que, hasta el momento, su despacho no ha recopilado elementos que sustenten las acusaciones del mandatario sobre alteraciones en los sufragios. El procurador general de la nación dijo este mediodía que no hay “ni pruebas ni indicios” que confirmen los señalamientos que el presidente Gustavo Petro ha hecho para “no aceptar” los resultados de las elecciones. Según el funcionario, los reportes entregados por los comités de vigilancia en las regiones coinciden en la total transparencia del proceso legal.
Con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso, el jefe del Ministerio Público le pidió al Presidente que si tiene las pruebas las envíe a su despacho o a las autoridades competentes. La entidad recordó que cualquier denuncia formal que involucre el sistema informático o la manipulación de actas debe tramitarse mediante los canales judiciales establecidos. Para el órgano de control, la radicación de estos soportes es indispensable para iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que el ordenamiento jurídico colombiano no faculta al mandatario para convalidar o rechazar el cómputo de los votos emitidos por los ciudadanos. De acuerdo con la normatividad vigente, dicha responsabilidad recae exclusivamente sobre las comisiones escrutadoras y las autoridades electorales independientes encargadas de coordinar la logística. Por esta razón, el ente de control instó al Ejecutivo a respetar la autonomía de las instituciones encargadas de velar por la validez del certamen.
En el marco de la vigilancia preventiva, el organismo de control mantiene un despliegue de funcionarios encargados de acompañar de cerca el trabajo de los escrutadores en las sedes regionales. Los delegados de la entidad tienen la instrucción de verificar minuciosamente cada reclamación presentada por las campañas políticas antes de que se declaren los resultados definitivos. Este esquema de acompañamiento técnico busca blindar la legitimidad de las cifras finales y disipar las dudas sembradas en los últimos días.
El pronunciamiento del Ministerio Público coincide con el llamado de diversos sectores políticos que piden prudencia y respeto por las reglas del juego democrático en esta etapa de transición. Analistas locales advierten que sembrar desconfianza en las instituciones sin un sustento real puede alterar el orden público y afectar el desarrollo de la segunda vuelta. Ante las tensiones, la cúpula de la entidad insistió en que el diálogo interinstitucional y los canales legales son la única vía para resolver las discrepancias.
El panorama institucional en la capital del país se concentra ahora en la evolución de los escrutinios oficiales y en las posibles respuestas que brinde la Casa de Nariño ante el requerimiento. La Procuraduría mantendrá sus canales abiertos para procesar las quejas ciudadanas y las evidencias que decidan aportar los partidos políticos involucrados en la contienda. El desarrollo de las próximas jornadas será determinante para consolidar la estabilidad jurídica y la confianza en el sistema democrático de la república.
