En una contundente operación conjunta e interinstitucional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia adelantaron una acción ofensiva de gran envergadura en el suroriente del país. Las actividades tácticas se ejecutaron en la zona rural del municipio de San José del Guaviare, un sector estratégico utilizado por las redes del narcotráfico como corredor de movilidad. El asalto aéreo y terrestre representa el bombardeo número 23 ordenado por la actual administración gubernamental contra los campamentos de los grupos armados organizados que dinamizan las economías ilegales en la región amazónica.
El objetivo principal del despliegue de las fuerzas especiales de la nación fue el círculo de seguridad más cercano de Iván Mordisco, el principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central. El teatro de operaciones se localizó exactamente a unos 22 kilómetros de distancia del punto geográfico donde se registró una masacre derivada de los enfrentamientos armados internos entre las estructuras comandadas por alias Calarcá y el propio Mordisco. Las autoridades militares informaron que la infiltración de comandos permitió neutralizar los anillos periféricos de protección de la organización.
Como resultado de los intensos combates en desarrollo de la operación militar, las tropas del Ejército reportaron la muerte de tres presuntos integrantes de la disidencia armada en el lugar de los hechos. Asimismo, en una oportuna acción humanitaria orientada a la protección de los derechos humanos de la infancia, las unidades especializadas lograron la recuperación de un menor de edad de 15 años. El adolescente, quien había sido reclutado forzosamente por la red criminal para realizar labores de guerra, quedó bajo custodia estatal.
Tras la consolidación del área perimetral por parte de los uniformados, las autoridades judiciales procedieron a realizar el inventario del material de guerra incautado en la infraestructura campamentaria. Los peritos de la Policía Nacional contabilizaron un total de trece armas de fuego largas tipo fusil, dos armas cortas de puño, abundante munición de diferentes calibres y material de intendencia de uso privativo de la fuerza pública. El decomiso incluyó sofisticados equipos de comunicaciones satelitales que eran utilizados por los subversivos para coordinar rutas aéreas ilegales.
Los altos mandos castrenses señalaron que las estructuras vinculadas a las disidencias de Mordisco se han consolidado como el cartel del narcotráfico responsable del mayor número de atentados terroristas contra la población civil en los últimos años. Por esta razón, el Ministerio de Defensa Nacional advirtió que la ofensiva militar se ejecutará sin tregua y con contundencia en los departamentos de la Orinoquía y Amazonía. Las directrices operacionales buscan destruir las fábricas informales de procesamiento de cocaína para restarles capacidad financiera.
Paralelamente al despliegue de las aeronaves de combate, los analistas de inteligencia militar del departamento del Guaviare revelaron datos sobre una crisis de deserción en las filas del grupo ilegal. Numerosos combatientes de los frentes de Calarcá y Mordisco han manifestado a través de canales comunitarios su firme intención de desmovilizarse y someterse a la legalidad constitucional. Este deseo de desvinculación se mantiene latente a pesar de las amenazas de fusilamiento proferidas por los cabecillas de escuadra para evitar la desbandada de los hombres.
Por lo tanto, los comandos de las Fuerzas Militares confirmaron que mantendrán el control territorial de la zona de forma permanente con el apoyo de las patrullas fluviales en los ríos Guaviare y Unilla. El objetivo prioritario de las operaciones de estabilización es rescatar a los menores de edad sometidos a la violencia y brindar canales seguros a quienes decidan acogerse al programa estatal de desmovilización. Con este despliegue se pretende proteger la vida de los resguardos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en la periferia.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz recordó que permanecer en estas organizaciones ilegales solo conduce a un destino marcado por la persecución judicial, el confinamiento y la muerte en combate. Los voceros gubernamentales señalaron que los disidentes que tomen la decisión de abandonar las armas de forma voluntaria serán acogidos de manera inmediata por los programas de atención humanitaria y reintegración social del Estado. El proceso judicial ofrece plenas garantías de seguridad y acompañamiento psicosocial para el retorno con sus respectivas familias.
