Las redes de financiamiento logístico del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo sufrieron una fractura estructural tras el despliegue de una ofensiva militar en el norte de Colombia. Una Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, coordinó con la Policía y la Fiscalía una serie de asaltos a campamentos mineros en Sucre, Antioquia y Bolívar. El objetivo prioritario de los comandos fue desmantelar los complejos flotantes que operan sobre las principales arterias hídricas del caribe y que vierten toneladas de sedimentos y químicos de forma indiscriminada.
El golpe operativo más contundente se registró en la jurisdicción fluvial del río Cauca, a la altura del municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre. En ese punto geográfico, las patrullas fluviales localizaron y destruyeron de manera controlada cuatro dragas artesanales de gran escala, conocidas en el argot delictivo como tipos “Dragón”. De acuerdo con los informes de inteligencia militar, estas pesadas infraestructuras de extracción aurífera ilegal le reportaban a las finanzas del Clan del Golfo ingresos diarios estimados en 40 millones de pesos colombianos.
De manera simultánea, las operaciones de control se trasladaron aguas arriba sobre el mismo corredor hídrico, ingresando al municipio de Nechí, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. En esta localidad, las unidades de infantería de marina interceptaron e inmovilizaron dos retroexcavadoras que carecían de los permisos de importación, las guías de movilización y las licencias ambientales requeridas por ley. La maquinaria pesada, que iba a ser utilizada para la remoción ilegal de capas vegetales en las orillas del río, quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
Paralelamente, el Batallón de Infantería de Marina No. 13, en un trabajo articulado con los investigadores de la Sijín de la Policía, asestó otro golpe logístico en el departamento de Bolívar. Mediante labores de registro y control de área en las densas zonas boscosas de la vereda Callao, en el municipio de Zambrano, los uniformados ubicaron una retroexcavadora oculta bajo ramajes. La maquinaria amarilla había sido reportada como hurtada días antes por un consorcio de ingeniería civil que opera en las vías de la región caribe.
Los peritos de la Fiscalía General de la Nación establecieron que los delincuentes utilizaron la modalidad del "falso servicio" para apropiarse de la máquina. El engaño consistió en contratar los servicios de excavación de la empresa afectada para una supuesta obra civil legal en la periferia rural, para luego intimidar al operario y desviar el vehículo hacia los yacimientos ilegales. Las autoridades confirmaron que esta retroexcavadora iba a ser insertada de forma clandestina en los frentes de minería ilegal controlados por las bandas criminales de la subregión.
La recuperación oportuna del equipo pesado impidió que se ejecutaran daños ambientales irreversibles contra los ecosistemas de los montes de María. Tras la consolidación legal de los procedimientos de hallazgo en la vereda Callao, la Policía Nacional inició los actos urgentes y los trámites de verificación de seriales de motor. El automotor de carga fue trasladado a los patios de la institución en Corozal, Sucre, con el fin de iniciar el protocolo formal de restitución a sus legítimos propietarios privados.
Los biólogos y peritos ambientales de las corporaciones autónomas regionales advirtieron que la minería de aluvión destruye la fauna macroinvertebrada y altera de forma definitiva el cauce natural de los ríos. La utilización de motores de alta potencia en las dragas tipo "Dragón" genera vertimientos de combustibles y mercurio que contaminan los bancos de peces, afectando directamente la seguridad alimentaria de los pescadores artesanales. La inmovilización de esta maquinaria mitiga de forma temporal la presión antrópica sobre la biodiversidad del río Cauca.
La Brigada de Infantería de Marina No. 1 ratificó que mantendrá los patrullajes nocturnos y los sobrevuelos de reconocimiento con aeronaves no tripuladas en las zonas ribereñas. Los altos mandos castrenses invitaron a los habitantes de los municipios de la mojana sucreña a denunciar de forma anónima la instalación de nuevos campamentos de minería criminal. Con estas intervenciones conjuntas, las fuerzas del Estado buscan asfixiar la logística de los grupos armados organizados y proteger los recursos naturales del caribe colombiano.
