El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ratificó su respaldo institucional a la creación de una empresa comercializadora de electricidad con participación mayoritariamente estatal para la costa norte. El jefe de la cartera energética, Edwin Palma, anunció esta iniciativa sectorial durante una agenda de trabajo desarrollada en el departamento de Sucre. Las misiones gubernamentales pretenden estructurar soluciones operativas definitivas frente a las tarifas de los servicios públicos, promoviendo la transición energética y protegiendo los presupuestos de los usuarios autónomos regionales.
El alto funcionario defendió la implementación de modelos de generación distribuida mediante la conformación de comunidades energéticas y la edificación de modernas granjas solares en las provincias. Las bitácoras del ministerio confirman que los proyectos fotovoltaicos ejecutados en el Nuevo Mercado de Sincelejo optimizarán sustancialmente los indicadores de competitividad de la economía popular. Asimismo, las intervenciones técnicas financiadas en el municipio de San Antonio de Palmito posibilitarán disminuciones de hasta el 100 % en los cobros netos de las mallas familiares.
Durante las mesas de socialización, el ministro Palma respondió de manera contundente a los duros cuestionamientos elevados por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, respecto al manejo del sector. El jefe del despacho argumentó que los liderazgos políticos tradicionales que administraron el litoral durante las últimas décadas carecen de autoridad moral para calificar de desastre la gestión actual. El funcionario explicó que 7 empresas operadoras y billonarios recursos públicos naufragaron históricamente sosteniendo un esquema de intermediación deficiente que colapsó las mallas.
“El alcalde Alejandro Char calificó de desastre la gestión del Gobierno nacional. Desastre y fracaso son los de quienes, durante más de 20 años junto con sus aliados políticos, no han sido capaces de plantear una solución estructural para el Caribe colombiano. Siete empresas y billonarios recursos públicos terminaron sosteniendo un modelo que hoy siguen pagando millones de usuarios. Este nuevo capítulo de la Transición Energética Justa representa una solución real para el pueblo Caribe”, sostuvo con determinación periodística el ministro Edwin Palma.
La dirección de la cartera minero-energética enfatizó que la creación de la comercializadora pública busca recuperar la confianza legítima de los ciudadanos mediante la transparencia y tarifas justas. Las mallas de distribución no pueden continuar operando bajo lógicas exclusivas de especulación financiera, debiendo ser concebidas como un derecho social fundamental inalienable del pueblo. El despliegue de las agencias del Estado en los territorios fronterizos pretende neutralizar los abusos tarifarios cometidos históricamente por corporaciones privadas que afectaron el bienestar de las comunidades.
De igual manera, el jefe ministerial contestó a las críticas permanentes formuladas por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, detallando las inversiones físicas ejecutadas en esa sección del país. Los equipos técnicos de la nación coordinan actualmente la puesta en marcha de 2 granjas solares con una capacidad conjunta de 10 megavatios de potencia. Estas interfaces de energía limpia beneficiarán de forma directa a los hogares vulnerables clasificados en los estratos 1 y 2, generando empleos técnicos estables en la provincia.
Los análisis macroeconómicos procesados por los peritos del sector confirman que las elevadas tarifas cobradas en la costa Atlántica son el resultado directo de decisiones regulatorias lesivas del pasado. Cuando la empresa prestadora Air-e afrontó una iliquidez severa que amenazaba con un apagón regional generalizado, las autoridades centrales ejecutaron una intervención oportuna para salvaguardar el suministro. Las misiones de control civil recordaron que asumir el manejo operativo de las mallas eléctricas impidió la parálisis de los hospitales y de los acueductos.
Consolidar la soberanía energética de las regiones costeras constituye el eje central de las políticas públicas diseñadas por la administración sectorial para el presente periodo institucional. Robustecer la infraestructura de servicios públicos domiciliarios descentralizados faculta a los pequeños comerciantes de los mercados públicos para competir de manera equitativa frente a las grandes superficies. Los comités de veeduría comunitaria continuarán monitoreando la instalación de los paneles solares, proyectando balances de ahorro muy significativos que amparan la estabilidad económica familiar.
