A escasos dos días para el cierre formal de la legislatura, el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural fue archivado en el Congreso de la República. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Justicia y del Derecho lamentaron que la iniciativa no alcanzara a culminar sus debates reglamentarios en las plenarias de Cámara y Senado. Las carteras señalaron que la falta de consensos definitivos y las mallas de conciliación impidieron consolidar esta herramienta jurídica, postergando la resolución de litigios de tierras.
La parálisis de este proyecto normativo afecta de forma directa el acceso oportuno a los servicios de justicia especializada para las poblaciones rurales, campesinas e indígenas de la república. Asimismo, el archivo de la ley ordinaria genera tropiezos significativos en el cumplimiento de los compromisos estructurales del Estado colombiano plasmados en el Acuerdo de Paz de 2016. Las misiones ministeriales explicaron que el país continuará careciendo de tribunales agrarios con mallas de competencia claras para tramitar disputas de linderos en las provincias.
Desde la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó formalmente la Jurisdicción Agraria en la Constitución Política, las autoridades centrales impulsaron amplias mesas de concertación sectorial. Durante más de tres años los equipos técnicos dialogaron abiertamente con la academia, corporaciones agrarias, gremios de la producción y congresistas de diversas vertientes políticas. Las misiones institucionales también sostuvieron encuentros periciales con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para blindar el debido proceso y la seguridad jurídica.
Los coordinadores de la reforma aceptaron fórmulas adicionales de control judicial sobre las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras en los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. A pesar de los ajustes incorporados en las mallas del articulado para atender las inquietudes de la oposición, el Congreso no mostró voluntad política real para votar la iniciativa. Los ministros criticaron las reiteradas inasistencias de los legisladores, las rupturas continuas del quórum en momentos determinantes y las dilaciones injustificadas en los debates.
Paralelamente, el debate de fondo se vio gravemente afectado por mallas de desinformación virtual que promovieron narrativas infundadas sobre supuestas expropiaciones masivas de predios productivos privados. Los peritos gubernamentales aclararon que tales afirmaciones no correspondían bajo ninguna circunstancia al espíritu del texto radicado ni a las ponencias positivas aprobadas en comisiones. Mantener el statu quo actual favorece la permanencia de conflictos agrarios crónicos que tardan décadas en resolverse en los despachos judiciales ordinarios de la sabana.
La ausencia de un procedimiento especial agrario operativo perpetúa las desigualdades históricas de la estructura rural del país, limitando la restitución eficiente de los bienes públicos del Estado. Esta iniciativa constituía el quinto intento institucional radicado en las misiones legislativas desde el año 2017 para dotar al campo de jueces especializados. A pesar del hundimiento de la ley ordinaria, las autoridades recordaron que las misiones previas lograron la aprobación de la Ley 2570 de 2026, que fija la arquitectura básica judicial.
Ante este panorama adverso, los ministros de Agricultura y de Justicia solicitaron formalmente al Consejo Superior de la Judicatura evaluar mecanismos de implementación inmediata para la reforma. La propuesta pretende que la corporación aplique transitoriamente reglas residuales de asignación de competencias vigentes en el ordenamiento jurídico para activar los juzgados existentes. Esta solicitud sectorial se encuentra alineada con los criterios periciales fijados por la Corte Constitucional en su Sentencia C-099 de 2026, que ordena operar a más tardar en 2027.
La dirección gubernamental confirmó de manera rotunda que volverá a radicar el proyecto de ley ordinaria al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Resolver la tenencia de la tierra mediante mallas de justicia eficientes constituye una prioridad macroeconómica que trasciende las agendas de un periodo de mandato particular. Los comités de veeduría comunitaria continuarán promoviendo la discusión en los territorios agrarios, proyectando que la movilización social pacífica de los labriegos logre destrabar la transformación institucional en el futuro.
