El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones oficializó una sanción administrativa contra Telecall Colombia, operador adjudicatario de espectro radioeléctrico tras la subasta realizada en diciembre de 2023. La entidad impuso una multa de 7.422.157.961 pesos debido a la falta de cumplimiento en hitos esenciales para el despliegue de redes móviles de quinta generación. Esta decisión, que quedó en firme el 11 de junio de 2026, reafirma la rigurosidad técnica y jurídica aplicada por el Estado a los concesionarios.
Las investigaciones del Ministerio detectaron que la compañía omitió el pago oportuno de la contraprestación económica inicial y no presentó las garantías de cumplimiento ni de responsabilidad civil extracontractual exigidas legalmente. Estas obligaciones son indispensables para respaldar la ejecución de los proyectos de conectividad en el país. Tras surtirse las etapas procesales correspondientes y garantizar el derecho a la defensa, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control determinó la procedencia de la multa pecuniaria contra el operador.
A pesar de la sanción económica, el operador acreditó recientemente el cumplimiento de los compromisos que originaron la apertura del proceso sancionatorio. El 25 de marzo de 2026, la empresa realizó el pago de la contraprestación económica, sumando un valor cercano a 46.921 millones de pesos, cifra que incluyó la actualización monetaria. Días después, el 27 de marzo de 2026, constituyó las pólizas requeridas, las cuales fueron revisadas y aprobadas satisfactoriamente por la cartera de comunicaciones el 13 de mayo de 2026.
Con el objetivo de salvaguardar el interés público y asegurar los beneficios sociales del proyecto, el Ministerio expidió la Resolución 02199 de 2026. Este acto administrativo ajusta el cronograma de las denominadas obligaciones de hacer, vinculadas al permiso de uso del espectro. Es preciso aclarar que esta medida no reduce ni modifica las condiciones esenciales de la asignación original, manteniendo intactos los compromisos de cobertura, despliegue de infraestructura y conectividad digital exigidos en el contrato de concesión inicial.
El plan de trabajo ajustado ratifica la obligación de Telecall de conectar a 343 instituciones educativas rurales mediante fibra óptica, uno de los componentes más críticos para el cierre de la brecha digital. Asimismo, se conservan los compromisos de expansión de infraestructura móvil en ciudades capitales y municipios con más de 200.000 habitantes. La meta del Ministerio es que las inversiones comprometidas se traduzcan prontamente en mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades en todos los territorios priorizados.
El cumplimiento de los plazos en los corredores viales y la calidad de los servicios de telecomunicaciones siguen bajo la lupa de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. Las autoridades señalan que el espectro es un bien público esencial y su administración debe orientarse estrictamente a maximizar el bienestar colectivo. Cualquier retraso en la ejecución material de los proyectos será monitoreado continuamente para exigir la puesta en marcha de las obras pactadas conforme a las especificaciones técnicas vigentes.
Esta actuación administrativa demuestra que el Estado posee mecanismos efectivos para exigir resultados concretos a los operadores de servicios públicos. Las decisiones adoptadas buscan proteger los recursos nacionales, asegurando que las inversiones en telecomunicaciones no se limiten a promesas contractuales, sino que alcancen el despliegue técnico necesario. La exigencia de altos estándares de eficiencia corporativa es un eje transversal en la gestión actual de las comunicaciones para evitar demoras que perjudiquen a los usuarios finales en las distintas regiones.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reitera que continuará ejerciendo sus facultades de inspección sobre todos los adjudicatarios de espectro. El propósito institucional es garantizar que las tecnologías móviles de nueva generación se traduzcan en escenarios reales de conectividad y competitividad nacional. Con el cronograma ajustado y la sanción ejecutoriada, el operador Telecall debe acelerar los procesos de construcción para cumplir con las metas sociales que el país requiere durante el año 2026.
