El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de María Constanza García Aguirre. La mujer es señalada como la presunta responsable de mantener en condiciones deplorables de salud, alimentación y resguardo a más de 300 caninos que permanecían bajo su custodia. El operativo judicial se centró en un supuesto hogar de protección animal de su propiedad, ubicado en una zona rural limítrofe entre las veredas Vático y Eseas, en jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador revelaron que este supuesto refugio captaba constantes donaciones en dinero y aportes materiales por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de los animales. El objetivo público del establecimiento consistía en la manutención y rehabilitación de perros que habían sido rescatados de situaciones de abandono o que enfrentaban peligros inminentes en la calle. Sin embargo, las pesquisas técnicas demostraron que el lugar se había convertido en un centro de hacinamiento donde los ejemplares padecían graves omisiones en sus cuidados básicos.
El acervo probatorio se consolidó a partir de una serie de inspecciones sorpresa realizadas de manera coordinada entre las patrullas de la Policía Nacional y los peritos veterinarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC). Durante las diligencias técnicas, las autoridades ambientales y policiales constataron el encierro masivo de los animales en espacios reducidos que carecían de las más mínimas normas de asepsia. Esta situación de confinamiento prolongado comprometió severamente la salud y el bienestar de la población canina albergada.
De forma específica, el expediente judicial resalta una visita de control e inspección ejecutada el 12 de agosto de 2022, donde los peritos del IPYBAC evidenciaron el estado crítico del inmueble. En esa jornada se hallaron decenas de animales sin acceso a porciones suficientes de agua potable ni pertrechos de alimento balanceado, distribuidos en un entorno que no contaba con la infraestructura física ni los recursos económicos mínimos para brindar protección. La falta de cuidado propició peleas internas y la propagación de vectores infecciosos dentro de los caniles.
El reporte forense veterinario adjuntado a la investigación detalló que la negligencia sistemática causó graves afectaciones a la integridad física y emocional de los animales de compañía. Varios de los especímenes evaluados clínicamente presentaron cuadros severos de desnutrición crónica, enfermedades virales no tratadas, afecciones en la piel y heridas abiertas que carecían de asistencia médica especializada. Ante estas evidencias, las autoridades procedieron al decomiso preventivo de los ejemplares para iniciar su respectivo proceso de recuperación en centros asistenciales de la región.
Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal adscrito al grupo GELMA citó a la propietaria del albergue a una audiencia concentrada ante un juez de control de garantías de la provincia de Ubaté. En dicha diligencia virtual, el delegado del ente acusador imputó formalmente a María Constanza García Aguirre el delito de maltrato animal, tipificado en el Código Penal colombiano. Tras la exposición de los motivos y las pruebas fotográficas por parte de la Fiscalía, la procesada se ratificó en su postura de no aceptar los cargos atribuidos.
El caso ha generado una profunda indignación entre las fundaciones animalistas de la Sabana de Bogotá, las cuales habían promovido la entrega de recursos a este centro de paso bajo una premisa de solidaridad. El IPYBAC reiteró el llamado a las personas naturales y jurídicas que administran refugios a registrar formalmente sus instalaciones y a someterse a las auditorías periódicas de sanidad para evitar procesos penales. Los animales recuperados permanecen bajo el cuidado de redes de hogares de paso autorizadas por la gobernación departamental.
La Fiscalía General de la Nación continuará con las etapas procesales correspondientes para presentar el escrito de acusación formal ante los jueces de conocimiento, buscando una sanción ejemplar que desincentive la apertura de falsos refugios. El grupo GELMA recordó que el maltrato por omisión o negligencia en el suministro de dietas e hidratación adecuada constituye una conducta punible que acarrea penas de prisión e inhabilidades para la tenencia de mascotas. La recolección de testimonios de los donantes afectados blindará la teoría del caso durante el próximo juicio oral.
