La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a ocho presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada Los Lampas. Esta estructura delictiva es señalada de coordinar la dosificación, comercialización y distribución de sustancias estupefacientes en diversas comunas del municipio de Soacha, Cundinamarca. El reporte judicial, actualizado este 14 de junio de 2026, revela que las audiencias públicas se desarrollaron bajo complejas condiciones de seguridad debido a agresiones verbales directas registradas contra los funcionarios.
Los elementos materiales de prueba recopilados por la policía judicial indican que la banda acopiaba cargamentos de marihuana, bazuco, cocaína y drogas sintéticas como el tusibí. Posteriormente, coordinaban las ventas callejeras en zonas de alta afluencia de transeúntes y mediante la modalidad de entregas exprés a domicilio. Los peritos determinaron que el radio de acción ilegal abarcaba principalmente los andenes de los barrios Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, extendiéndose hacia dos concurridos centros comerciales situados sobre la Autopista Sur.
Dentro de los procesados individualizados por las mallas investigativas se encuentra Luis Miguel Moreno López, quien ejercía funciones como el presunto cabecilla principal de la red de narcomenudeo. Asimismo, las autoridades capturaron a Cristian Camilo Galeano Russi y a Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez, señalados como los encargados de prestar seguridad armada en los perímetros de injerencia. Por su parte, Jhon Albert López Bartolo respondía presuntamente por los envíos por encargo de los portafolios de sustancias ilícitas en el casco urbano.
De igual forma, la Fiscalía General de la Nación vinculó al proceso penal a Luisa Fernanda Henao Trujillo, sindicada de coordinar el pesaje y empaque de las dosis individuales. La ofensiva judicial en Cundinamarca se completó con las detenciones en flagrancia de Danna Alejandra Fonseca Moreno, Anderson de Jesús García Castro y Fredy Junior Flórez Hernández, presuntos expendedores locales. Las mallas de inspección confirman que este grupo utilizaba parques residenciales públicos para camuflar los insumos comerciales y evadir las requisas preventivas ordinarias.
Un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo de la Seccional Cundinamarca imputó formalmente a las ocho personas capturadas múltiples conductas punibles de alta gravedad. Los cargos formulados en los estrados incluyeron los delitos de concierto para delinquir agravado, junto con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Adicionalmente, el ente acusador les endilgó el uso de menores de edad para la comisión de delitos, circunstancia agravante que incrementa sustancialmente las penas privativas de la libertad aplicables según los manuales penales.
Durante el desarrollo de la diligencia de formulación de cargos, el procesado Rodríguez Ordóñez interrumpió de manera violenta la intervención del funcionario judicial y lanzó amenazas de muerte directas contra su humanidad. Ante la flagrante alteración del orden institucional, el representante del ente acusador dejó constancia técnica en las actas de la sesión virtual. Debido a esta conducta delictiva, el implicado afrontará un nuevo proceso penal independiente por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
A pesar de los intentos de intimidación contra las mallas de la administración de justicia, el juez penal de control de garantías respaldó plenamente los argumentos jurídicos de la Fiscalía. El administrador de justicia determinó que los ocho investigados representan un peligro inminente para la seguridad de Soacha y dictó una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Los imputados fueron trasladados de forma inmediata bajo estrictas mallas de custodia hacia pabellones carcelarios fijos para cumplir la detención preventiva obligatoria.
Varios analistas en seguridad urbana señalaron que desarticular los focos de expendio en la Autopista Sur blindará la tranquilidad de las familias que visitan los establecimientos comerciales formales. Las secretarías de gobierno provinciales instaron a las juntas vecinales a continuar empleando los canales de denuncia nacional gratuitos para reportar actividades sospechosas en los entornos escolares de los barrios vulnerables. El robustecimiento de la inteligencia comunitaria en 2026 se plantea como la estrategia central para erradicar las finanzas clandestinas del microtráfico.
