En el marco de las acciones de control dispuestas para garantizar la transparencia y seguridad de los escrutinios electorales, la Policía Nacional llevó a cabo la incautación de un arma traumática en las instalaciones de Plaza Mayor, Medellín. El procedimiento se ejecutó a las 7:30 de la noche, después de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un individuo que portaba un elemento de menor letalidad en el recinto donde se desarrollaba el conteo.
Tras la verificación técnica realizada por los uniformados, el ciudadano fue identificado como Andrés Felipe Taborda. Según las investigaciones preliminares, el hombre se encontraba en el lugar desempeñándose como escolta de seguridad de Sebastián Taborda, quien es señalado como líder de la campaña del candidato presidencial electo Abelardo de la Espriella. El sujeto está vinculado formalmente a la empresa de seguridad privada denominada Grupo Especializado en Seguridad y Protección, la cual tiene su base de operaciones en la capital antioqueña.
Como parte del protocolo establecido por las autoridades, el escolta fue trasladado a las instalaciones de la SIJIN para adelantar su plena identificación y corroborar la documentación vigente de sus credenciales. Durante el desarrollo del procedimiento legal, la Policía procedió a la incautación definitiva del arma traumática y a la aplicación de las medidas correctivas previstas en la Ley 1801 de 2016, que regula la convivencia ciudadana y el porte de elementos de menor letalidad en espacios públicos.
Durante la consulta de antecedentes en la base de datos nacional, se evidenció que Andrés Felipe Taborda registra una anotación judicial anterior del año 2010. Dicho registro corresponde al delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Este hallazgo encendió las alarmas de los encargados de la seguridad electoral, quienes procedieron a elevar los informes correspondientes ante las autoridades judiciales para determinar si existe alguna restricción adicional para el ejercicio de sus labores de escolta privada.
La Policía Nacional reafirmó que mantendrá los dispositivos de seguridad activos en todos los centros de escrutinio del país para proteger el normal desarrollo de la jornada democrática. El propósito central de estos despliegues radica en salvaguardar la transparencia del proceso electoral y asegurar la convivencia ciudadana en los puntos neurálgicos. La institución subrayó que el respeto por las disposiciones legales vigentes es innegociable para cualquier persona que se encuentre al interior de las zonas dispuestas para el conteo.
El control estricto sobre el porte de armas de menor letalidad en espacios donde se congregan actores políticos busca prevenir cualquier escenario de intimidación o violencia. Las autoridades reiteraron que los protocolos de acceso a los puntos de votación y escrutinio son aplicables para todos los asistentes, sin importar su vínculo laboral con empresas de seguridad o campañas políticas. La vigilancia permanente busca blindar la democracia de factores de riesgo que puedan empañar la legitimidad de los resultados electorales.
Los organizadores de la jornada electoral en Plaza Mayor destacaron la rápida reacción de los ciudadanos que reportaron la presencia del escolta armado. La cultura de la denuncia es vista por las autoridades como un elemento clave para mantener el control y el orden en el desarrollo del proceso. La operatividad de la Policía Metropolitana de Medellín durante esta fase de consolidación de resultados ha sido calificada como fundamental para asegurar que los delegados electorales realicen su labor sin presiones.
La investigación sobre la idoneidad del personal de seguridad privada asignado a las campañas presidenciales continuará bajo la supervisión de las agencias de control. Los resultados de este operativo sirven de recordatorio sobre la necesidad de cumplir con los marcos regulatorios actuales para la prestación de servicios de escolta. La Fuerza Pública persistirá en su vigilancia sobre los puntos críticos, garantizando que el respeto por la ley prevalezca sobre cualquier interés particular durante esta etapa del ejercicio democrático nacional.
