La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, lideró en Barbosa, Santander, la asamblea “Cosechando derechos del campesinado”. Este encuentro congregó a más de 800 líderes campesinos y organizaciones sociales de la provincia de Vélez, reafirmando el compromiso estatal con la Reforma Agraria. En este escenario, la alta funcionaria subrayó que el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección permite consolidar una política agraria integral que abarca dimensiones sociales, políticas, ambientales y económicas.
Durante su intervención, Carvajalino destacó la trascendencia de la llamada “Revolución por la Vida” en la transformación del agro nacional. La ministra resaltó que, bajo la administración actual, el acceso a la tierra recuperó un lugar central en la agenda pública. Los indicadores nacionales reflejan avances significativos, con la gestión de más de 779 mil hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras, la entrega efectiva de 338 mil hectáreas y la formalización de 2,1 millones de hectáreas para diversas poblaciones.
En cuanto a los resultados específicos obtenidos en el departamento de Santander, la titular de la cartera ministerial detalló cifras clave de impacto territorial. Se han gestionado 26.840 hectáreas para el Fondo de Tierras, incluyendo procesos de compra y recuperación. Asimismo, se han redistribuido 11.374 hectáreas, priorizando a comunidades campesinas, indígenas y población en proceso de reincorporación. Adicionalmente, el departamento registra 5.961 hectáreas formalizadas y 3.544 hectáreas restituidas por orden judicial, brindando mayor seguridad jurídica a las familias.
Otro componente fundamental expuesto durante la jornada fue el impulso a la sostenibilidad agropecuaria mediante el programa FAIA. Esta iniciativa apoya actualmente 13 biofábricas distribuidas en 9 municipios santandereanos, con una inversión cercana a los 2.132,8 millones de pesos. Estos recursos buscan fortalecer la producción de bioinsumos, permitiendo a los productores rurales reducir su histórica dependencia de los suministros externos. Esta estrategia representa un cambio estructural en territorios que han padecido la concentración de tierras y la violencia.
La administración nacional también enfatizó el papel crucial de las territorialidades campesinas como mecanismos de ordenamiento rural y desarrollo sostenible. Mientras a nivel nacional se contabilizan 32 procesos constituidos, en el departamento de Santander avanzan seis proyectos de Territorios Campesinos Agroalimentarios, los cuales tienen el potencial de beneficiar directamente a 8.324 familias. Paralelamente, se trabaja en el ordenamiento productivo mediante las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, estando en fase final de revisión en municipios estratégicos.
El evento abordó de igual manera la necesidad de dignificar el trabajo en el campo, integrando la visión del Ministerio del Trabajo. Sandra Milena Muñoz Cañas, viceministra de Relaciones Laborales, expuso propuestas para garantizar derechos sociales y laborales mediante herramientas innovadoras como el contrato y el jornal agropecuario. El objetivo central es que quienes producen los alimentos del país cuenten con esquemas de protección social robustos, reconociendo el valor intrínseco de su labor en la seguridad alimentaria nacional.
El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, agradeció la presencia ministerial y el despliegue de las políticas agrarias en su territorio. El mandatario local enfatizó que su municipio, con su tradición comunera y campesina, valora profundamente los esfuerzos orientados a cerrar brechas de desigualdad histórica. Para la administración municipal, la llegada de esta inversión pública fortalece las oportunidades productivas y garantiza la dignidad de los habitantes rurales, quienes son el motor económico y social de la región velezana.
Esta agenda en Santander ratifica la firme intención del Ejecutivo nacional de proteger los bienes comunes y garantizar el acceso al agua como un derecho humano esencial. A través de la protección de la producción alimentaria y el fortalecimiento de la infraestructura rural, el Gobierno busca cimentar un futuro más equitativo. La jornada concluyó con la renovación del pacto entre las instituciones estatales y el campesinado, garantizando la continuidad de estos proyectos transformadores en los meses venideros.
