La Gobernación de Cundinamarca consolidó un histórico impacto contra las redes del tráfico de estupefacientes que operaban en las mallas de la provincia. En una operación de alta precisión institucional, las fuerzas de seguridad del departamento lograron desmantelar por completo a la organización criminal autodenominada Los Barbas. El gobernador Jorge Rey manifestó públicamente que este contundente resultado operacional representa la estructura delictiva número 158 neutralizada de forma sucesiva en lo transcurrido de su presente gestión gubernamental. Las misiones preventivas de control territorial estabilizan el orden social regional.
Las acciones tácticas en el territorio avanzaron mediante un riguroso despliegue de allanamientos simultáneos coordinados por peritos de la fiscalía seccional. El mandatario departamental enfatizó que su programa estratégico se concentra estrictamente en atacar los eslabones superiores de los consorcios del crimen organizado perimetral. Rey argumentó técnicamente que resulta completamente ineficiente concentrar las capacidades institucionales en ejecutar detenciones aisladas de pequeños expendedores callejeros. Por consiguiente, los organismos viales priorizan la persecución sistemática de los cabecillas principales y directores logísticos financieros.
La exitosa misión judicial es el resultado directo de una articulación interagencial pesada de varias semanas de seguimiento electrónico diario. Las misiones de asalto contaron con la participación combinada de las mallas operativas de la Policía de Cundinamarca y la SIJIN. De igual manera, las directrices jurídicas contaron con el pleno respaldo de la Fiscalía General de la Nación. Las dependencias administrativas locales de la Alcaldía de Guaduas y la Secretaría de Gobierno departamental coadyuvaron logísticamente para asegurar el éxito de las capturas.
Las misiones de registro domiciliario facultaron a los uniformados para ejecutar exactamente 6 diligencias de allanamiento en puntos estratégicos. Los peritos judiciales hicieron efectivas un total de 7 órdenes de captura emitidas formalmente por jueces de control de garantías. Los detenidos integraban presuntamente las mallas operativas de esta banda organizada especializada en la comercialización de alcaloides de alta pureza. Las investigaciones previas demuestran que el consorcio delictivo monopolizaba el tráfico local bajo modalidades de distribución exprés en los municipios andinos.
La lista oficial de los procesados capturados por las unidades policiales incluye a Hernán Jair Morales Monroy, alias Barbas JR. Este individuo es catalogado por los analistas de inteligencia militar como el cabecilla principal y determinador de las misiones armadas. Asimismo, las autoridades detuvieron a Juan Manuel Sánchez Pérez, alias Juan Manuel, y a Cristian Yesid González Garzón, alias El Mudo. La nómina de judicializados cierra con Edwin Jair Velásquez Mojica, Jorge Iván Montoya Ramírez, Christian Andrés Ramírez y José Rogelio Acosta Rueda.
Los reportes de inteligencia detallan que la red comercializaba bazuco, cocaína y marihuana a domicilio en las provincias de Bajo Magdalena y Gualivá. Las misiones de expendio ilícito afectaban gravemente a los establecimientos nocturnos de venta de bebidas alcohólicas, parques públicos urbanos y entornos escolares vulnerables. Por otra parte, los peritos criminales determinaron que la organización sostenía disputas territoriales armadas por el control absoluto de las rentas ilícitas del microtráfico, dejando varios homicidios selectivos registrados en las mallas de la región evaluada.
El comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, el coronel Mauricio Herrera, explicó públicamente el modus operandi de los procesados viales. El alto oficial enfatizó que las misiones de Los Barbas incluían la prestación de servicios criminales tercerizados para las mallas del denominado Clan del Golfo. El grupo delincuencial pretendía apalancar la expansión armada de esa estructura criminal transnacional en las provincias cundinamarquesas. Durante las diligencias de asalto pesadas, los uniformados lograron incautar 1 escopeta de repetición y 28 cartuchos calibre 12 totalmente operativos.
Los procesados acumulan de forma combinación un historial de más de 33 anotaciones judiciales previas en los sistemas informáticos penales. Los capturados deberán responder ante los jueces de control de garantías por concierto para delinquir agravado y tráfico ilícito de estupefacientes. Las comisiones judiciales mantendrán abiertas las investigaciones para esclarecer los nexos de la banda con las vendettas viales rurales de este periodo de 2026. Los ciudadanos dispondrán de total respaldo civil por parte de las agencias de la gobernación provincial permanente.
