El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia penal interpuesta en su contra por Iván Cepeda con una contracarga de alto voltaje político y jurídico. A través de su cuenta en X, De la Espriella reveló que días antes de la acción de Cepeda ya había presentado ante el Gobierno de Estados Unidos una denuncia formal por lo que denominó narco política, señalando una presunta alianza entre la candidatura oficialista y grupos armados ilegales que operan en Cauca, Chocó y Nariño.
En su mensaje, De la Espriella calificó la denuncia de Cepeda como una cortina de humo y señaló que la reacción de su contendor consistió en repetir el único argumento que, según él, sale de su boca: la palabra “paraco”. El candidato de derecha interpretó la acción judicial del candidato del Pacto Histórico no como una ofensiva jurídica legítima, sino como una maniobra defensiva ante la gravedad de los señalamientos que él mismo había elevado ante autoridades estadounidenses días antes.
El soporte de esa denuncia es una carta fechada el 6 de junio de 2026 y dirigida a Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos. En el documento, De la Espriella advirtió que en amplias regiones del suroccidente del país la segunda vuelta del 21 de junio no estaría siendo determinada por la libre elección de los ciudadanos, sino por el control territorial de organizaciones designadas como terroristas: las disidencias FARC-EP bajo alias Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo.
El documento de soporte probatorio adjunto a la denuncia cruza los resultados oficiales de la Registraduría con la Alerta Temprana Electoral 013-2025 de la Defensoría del Pueblo. Según ese análisis, en 109 municipios de Cauca, Chocó y Nariño el candidato oficial superó el 70% de la votación válida entre los dos contendores. De esos 109 municipios, 94 están confirmados dentro de la alerta de riesgo electoral de la Defensoría por presencia de grupos armados, lo que representa una coincidencia del 86,2%. En Cauca y Nariño la coincidencia es del 100%.
Los casos más extremos del documento muestran concentraciones que superan el 90% del voto en municipios como Jambaló, en Cauca, con 97,58%; El Litoral del San Juan, en Chocó, con 97,78%; y Roberto Payán, en Nariño, con 97,45%. El soporte probatorio señala que sin excepción los municipios de mayor concentración se encuentran bajo control o disputa activa de una o más estructuras armadas ilegales, y que precisamente en esos territorios la participación electoral fue de las más bajas, en algunos casos por debajo del 35%.
En la carta a Landau, De la Espriella fue explícito en reconocer los límites de sus afirmaciones. No sostuvo que Cepeda hubiera dirigido las acciones de los grupos armados, sino que organizaciones designadas como terroristas estarían coaccionando el voto en favor de una candidatura con la que tendrían un interés material directo: la continuidad de la política de Paz Total, bajo cuyo marco, según el documento, el Clan del Golfo creció un 140% en combatientes entre 2022 y 2025, el ELN pasó de 2.541 a 6.450 integrantes y ningún grupo entregó las armas.
El documento también refiere el caso del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, entonces subjefe de Operaciones Conjuntas y responsable del plan de seguridad electoral, quien habría denunciado públicamente la carnetización forzada de poblaciones rurales por parte de las disidencias antes de la primera vuelta. Según el soporte probatorio, pocos días después de esas declaraciones fue retirado de su cargo por decisión originada en la Presidencia, hecho que el Consejo de Generales de la Reserva calificó públicamente con preocupación.
Lo que quedó sobre la mesa al cierre de esta semana fue una campaña de segunda vuelta convertida en escenario de denuncias cruzadas ante instancias nacionales e internacionales. Cepeda acusa a De la Espriella de vínculos con el paramilitarismo ante la Fiscalía y la CPI. De la Espriella acusa a Cepeda de una alianza con grupos armados ilegales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Con el 21 de junio a 10 días, los colombianos deberán votar en medio de una disputa que ya trascendió las fronteras del debate político interno.
