Una jueza de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Javier Stivinson Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca o Rojo. El procesado es señalado por las agencias de inteligencia como un presunto cabecilla de alto nivel perteneciente a la subestructura Arístides Mesa Páez del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Las investigaciones judiciales demuestran que el detenido coordinaba redes de corrupción interna orientadas a infiltrar las unidades tácticas del Estado para anticipar los despliegues operativos.
El expediente penal coordinado por la Fiscalía General de la Nación determinó que las acciones de penetración institucional se concentraron en el departamento de Sucre durante la vigencia de 2024. Los elementos materiales probatorios recopilados detallan que alias Pluma Blanca ordenó a sus emisarios el contacto directo con un alto oficial de la guarnición costera de la región. El objetivo de la aproximación ilegal era estructurar canales clandestinos de comunicación para recibir alertas oportunas sobre los patrullajes fluviales e incursiones en los campamentos.
La línea investigativa determinó que en diciembre de 2024 el capturado autorizó el ofrecimiento de cuantiosas sumas de dinero en efectivo a un coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional. Las ofertas económicas fluctuaban entre los 70 y los 80 millones de pesos colombianos a cambio de datos clasificados con el carácter de reserva militar estratégica. Con el flujo de esta información confidencial, la subestructura criminal pretendía asegurar rutas seguras de escape para sus principales mandos y blindar los corredores viales del narcotráfico.
De igual manera, los servicios de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) vincularon al procesado con el acopio clandestino de material de guerra de uso privativo. Los rastreos técnicos demostraron su presunta participación en la compra fraudulenta de una pistola calibre 9 milímetros y abundantes lotes de munición especial en el municipio de Corozal, Sucre, el 5 de junio de 2025. El armamento de alta potencia civil iba a ser despachado bajo estrictas medidas de seguridad hacia los campamentos de la cúpula central de la organización.
La captura de Barrios Arrieta se consolidó mediante la ejecución de una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble residencial ubicado en el casco urbano del municipio de Corozal. En el procedimiento técnico participaron de forma articulada comandos de la Armada Nacional y peritos forenses del CTI, quienes hicieron efectivas las órdenes de captura vigentes. Durante el registro civil de la propiedad se incautaron terminales de comunicación móvil satelital que están siendo sometidos a análisis forenses informáticos.
Ante los despachos judiciales correspondientes de la capital de la república, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial lideró las audiencias concentradas de legalización. El funcionario judicial le imputó formalmente los cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer en concurso heterogéneo, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Tras la lectura de los hechos jurídicamente relevantes y la exposición de las evidencias físicas, el imputado no aceptó la autoría de los delitos.
La afectación de este eslabón de mando debilita los canales logísticos del Clan del Golfo en las subregiones de la Mojana sucreña y los Montes de María, áreas de alta complejidad operativa. Los comités de disciplina militar de las fuerzas armadas intensificaron las contrainteligencias internas para detectar posibles cómplices informáticos dentro de las salas de operaciones de las brigadas de la costa norte. El fallo de reclusión intramural busca proteger la integridad de las tropas regulares que ejecutan operaciones terrestres contra las bandas criminales.
El proceso penal avanzará hacia las fases de acusación formal durante el segundo semestre del año 2026 bajo la coordinación de fiscales especializados en la lucha contra el crimen organizado. La Dirección General de la Armada Nacional ratificó su política de cero tolerancia frente a las conductas que atenten contra el honor militar y la seguridad nacional. Las autoridades judiciales confirmaron que las bases de datos de los teléfonos incautados al procesado permitirán identificar nuevos nexos de corrupción en las administraciones públicas locales.
