La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización y afectación con medida de aseguramiento en centro carcelario de Juan Camilo Atehortúa Espinosa, alias Rottweiler, señalado como el máximo cabecilla de una facción de la organización delictiva Caicedo. Junto a él, otros 8 presuntos integrantes de esta red criminal fueron procesados por su presunta responsabilidad en una cadena de ilícitos que afectaba de forma sistemática la seguridad pública y el equilibrio ecológico en los barrios de la Comuna 9 de la capital de Antioquia.
Las labores de investigación penal adelantadas por los peritos del cuerpo técnico permitieron establecer que los hoy procesados lideraban la ocupación irregular de un ecosistema estratégico en el cerro La Asomadera. En esta área protegida por las normativas municipales, la banda ejecutaba procesos de parcelación ilegal del suelo, cimentaba construcciones de viviendas sin las correspondientes licencias urbanísticas ni permisos de las autoridades ambientales, y realizaba la conexión clandestina y fraudulenta de las redes de servicios públicos domiciliarios.
La estructura delincuencial imponía un régimen de terror perimetral para consolidar el monopolio de las rentas ilícitas y asegurar la expansión de los asentamientos informales en las laderas de Medellín. Los elementos materiales probatorios recaudados indican que los sospechosos intimidaban permanentemente a los residentes locales, fijando restricciones arbitrarias a la movilidad ciudadana y al funcionamiento del comercio formal. Aquellos pobladores que desobedecían las órdenes o alertaban a las patrullas policiales eran objeto de costosas multas económicas y severas sanciones físicas.
El dossier judicial presentado ante los despachos correspondientes vincula directamente a los capturados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas recientemente en el sector bajo su control delictivo. Las evidencias demuestran que en diciembre de 2024 la organización criminal obligó a un núcleo familiar completo a abandonar de forma abrupta su vivienda legítima mediante el uso de amenazas de muerte. Asimismo, en febrero de 2025, integrantes de la banda asesinaron con arma de fuego a una mujer bajo el señalamiento de colaborar con la Fuerza Pública.
Frente a la gravedad de las conductas denunciadas, fiscales adscritos a las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y Medio Ambiente estructuraron un detallado expediente acusatorio. El ente acusador imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, cohecho por dar u ofrecer, urbanización ilegal, defraudación de fluidos, invasión de áreas de especial importancia ecológica, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que se formularon de acuerdo con la participación individual en cada evento.
Un juez de la república con funciones de control de garantías avaló la contundencia de las pruebas fotográficas y los testimonios protegidos aportados por los investigadores durante las audiencias concentradas. El administrador de justicia ordenó que alias Rottweiler y otros 6 procesados permanezcan recluidos en un pabellón de máxima seguridad. Los demás afectados con la medida intramural fueron identificados en las actas de reseña oficial como Jhon Alexander Mendoza Cano, Andrés Tamayo Arenas, Duván Andrés Henao Borja, Jhon Sebastián Graciano Cardona, Johan Stivens Aguirre Molina y Juan Carlos Henao Rojas.
Las agencias estatales de control ambiental y planeación urbana iniciarán la demolición técnica de las estructuras provisionales levantadas de forma ilegal para mitigar el riesgo de remoción en masa y permitir la regeneración de la capa vegetal del cerro La Asomadera. Los líderes de los colectivos ecológicos de la región expresaron que este golpe judicial frena provisionalmente los procesos de deforestación urbana promovidos por las mafias de tierreros. Los peritos de la fiscalía mantendrán las inspecciones de campo para identificar los activos financieros adquiridos con las extorsiones.
La Policía Metropolitana de Medellín incrementará la vigilancia en los cuadrantes de la Comuna 9 para prevenir retaliaciones de los remanentes de la banda contra las familias que aportaron información clave para los arrestos. Las líneas de atención cívica permanecen habilitadas para que los comerciantes sigan reportando las presuntas exigencias económicas asociadas al suministro ilegal de agua y energía en los suburbios. El balance de la operación ratifica el compromiso institucional de salvaguardar los patrimonios naturales y la tranquilidad comunitaria en las zonas de ladera.
