El proyecto de Ley Nuclear superó su tercer debate en la Comisión Primera del Senado y avanza ahora hacia su cuarto y último escollo: la plenaria del Senado. Sin embargo, el tiempo apremia. Las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el próximo 20 de junio, lo que reduce significativamente las oportunidades para que la iniciativa sea agendada y debatida antes del cierre del periodo legislativo. De no ser priorizada en las próximas semanas, la ley podría quedar archivada, postergando indefinidamente sus beneficios para los pacientes con cáncer en Colombia.
Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana, destacó el valor del consenso alcanzado en el tercer debate. “Aunque demoró en darse el debate, unánimemente los senadores votaron por su aprobación, lo que demuestra que cuando se piensa en el bien común de los colombianos es posible alcanzar consensos desde todas las alas políticas”, señaló el directivo. Esta unanimidad en la votación es una señal política relevante que refuerza los argumentos para que la Mesa Directiva del Senado priorice el proyecto en la agenda de plenaria antes del cierre de sesiones ordinarias del presente periodo legislativo.
Prieto Valderrama también advirtió sobre la urgencia del siguiente paso. “Es clave que el proyecto sea agendado en plenaria. Para lograrlo, se requiere el respaldo de los senadores y su disposición para evitar que esta iniciativa se hunda. Además, cuenta con aval fiscal, uno de los requisitos más complejos de alcanzar en este tipo de proyectos”, afirmó el director de la Red Nuclear Colombiana. El aval fiscal es una condición determinante para la viabilidad de cualquier iniciativa legislativa con implicaciones presupuestales, y haberlo obtenido elimina uno de los principales obstáculos técnicos que suelen frenar este tipo de proyectos en el trámite final.
La aprobación de la Ley Nuclear impacta de manera directa a los pacientes con cáncer en Colombia, la segunda causa de muerte en el país con cerca de 118.000 nuevos casos y aproximadamente 57.000 fallecimientos anuales. La ley permitiría fortalecer la capacidad nacional para producir insumos esenciales para el diagnóstico y tratamiento oncológico, reduciendo la dependencia de importaciones que hoy retrasan procedimientos y encarecen tratamientos. Para miles de pacientes, esta aprobación se traduciría en mayores oportunidades de detección temprana y acceso oportuno a terapias especializadas de medicina nuclear.
Colombia sigue siendo uno de los pocos países de la región sin un marco normativo robusto para la medicina nuclear, lo que limita el desarrollo de capacidades propias en producción de radiofármacos y frena la consolidación de centros especializados con estándares internacionales. La Ley Nuclear busca precisamente llenar ese vacío, creando las condiciones legales e institucionales para que el país avance hacia una mayor soberanía tecnológica en salud. Sin esa base normativa, los esfuerzos del sector privado y académico por desarrollar esta especialidad en Colombia encuentran obstáculos estructurales difíciles de superar.
El margen de tiempo para que el proyecto sea aprobado en la legislatura actual es estrecho pero suficiente si existe voluntad política para priorizarlo. Entre la fecha actual y el 20 de junio, el Senado tiene varias semanas de sesiones plenarias en las que la iniciativa podría ser incluida en el orden del día. La unanimidad con que fue aprobada en comisión es un argumento sólido para esperar que el debate en plenaria transcurra sin mayores contratiempos, siempre que los líderes de las bancadas se comprometan con sacar adelante una ley que tiene respaldo transversal en el espectro político del Congreso colombiano.
El escenario alternativo es menos alentador. Si la Ley Nuclear no alcanza a ser debatida antes del cierre del periodo ordinario, el proyecto quedaría archivado y debería reiniciar su trámite en la siguiente legislatura, perdiendo los avances logrados y postergando sus beneficios por al menos un año más. Este riesgo no es menor en un contexto donde los pacientes oncológicos esperan soluciones concretas y donde el sistema de salud enfrenta una carga creciente por el aumento de casos de cáncer diagnosticados tardíamente por falta de acceso a tecnología de medicina nuclear de calidad.
La Ley Nuclear llega a su momento más crítico con todos los elementos a su favor: aval fiscal, unanimidad en comisión y respaldo técnico consolidado. Lo que resta es un acto de voluntad política que coloque el bienestar de los pacientes por encima de las dinámicas propias del cierre legislativo. Organizaciones como la Red Nuclear Colombiana continúan haciendo un llamado a los senadores para que garanticen el agendamiento del proyecto en plenaria a tiempo. El reloj corre y miles de colombianos con cáncer esperan que esta vez el Congreso no deje vencer la oportunidad de legislar a su favor.
