La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por más de $1.379 millones a un laboratorio farmacéutico y a un mayorista por vender medicamentos por encima de los precios máximos regulados. Las empresas sancionadas son Bayer S.A. y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, esta última en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia. Las decisiones fueron adoptadas mediante las Resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026.
Las investigaciones adelantadas por la SIC comprobaron que ambas entidades comercializaron medicamentos con sobreprecios frente a los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en los canales institucionales. Las resoluciones corresponden a procesos independientes desarrollados en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos. Estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia, por lo que proceden recursos de reposición y apelación.
En el caso de Comfenalco Quindío, la SIC evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido. Uno de los casos más representativos fue el medicamento Ferinject, utilizado para el tratamiento de la anemia, cuyo precio máximo regulado era de $82.752 y fue vendido por $413.760, es decir, cinco veces su valor autorizado por la regulación vigente.
Otro caso documentado dentro de la investigación a Comfenalco Quindío involucra al medicamento Depo-Medrol, utilizado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares. Su precio máximo regulado era de $5.029 y fue comercializado por $23.425, lo que representa un sobrecosto de más de 365%. Estos hallazgos evidencian una práctica sistemática que afectó el acceso de pacientes a tratamientos de uso frecuente durante ese periodo.
En el caso de Bayer S.A., la Superintendencia comprobó que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad, fue vendido con sobreprecios que oscilaron entre el 26,52% y el 46,81%. La irregularidad se registró en al menos 83.525 unidades comercializadas entre octubre de 2022 y junio de 2023, un volumen que refleja el alcance real del impacto sobre el sistema de salud y sus recursos públicos.
La SIC advirtió que exceder los precios regulados de medicamentos no constituye una irregularidad menor, sino una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a los tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La situación resulta especialmente sensible dado que los medicamentos sancionados son de uso frecuente, incluyendo aquellos destinados al manejo de enfermedades crónicas y tratamientos hormonales.
La entidad anunció que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos, incluyendo laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos e IPS. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los precios regulados y proteger tanto el acceso de los pacientes como la estabilidad financiera del sistema. La supervisión, según la SIC, no se limita a un eslabón específico de la cadena, sino que abarca todos los actores del mercado farmacéutico.
Las sanciones impuestas marcan una señal contundente frente a prácticas que comprometen derechos fundamentales de los ciudadanos. El mensaje institucional es claro: la regulación de precios de medicamentos no es negociable y su incumplimiento tiene consecuencias económicas y legales concretas. Con estas decisiones, la SIC reafirma su rol como garante del orden económico y protector de los consumidores más vulnerables del sistema de salud colombiano.
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Salud
