La Procuraduría General de la Nación emitió este 8 de abril de 2026 una alerta sobre posibles irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG). El ente de control identificó presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios ambientales en relación con la suspensión del servicio de ferry en Salamina. Esta situación ha provocado graves impactos sociales y económicos que afectan la movilidad en el departamento.
El servicio de transporte se encuentra suspendido desde agosto de 2025 debido a la falta de permisos ambientales para la ocupación del cauce del río Magdalena. Según el informe preventivo, la decisión de frenar la operación ha perjudicado directamente a más de 60.000 personas en los municipios de Salamina, Pivijay y El Piñón. La comunidad enfrenta actualmente dificultades críticas para acceder a servicios de salud básicos y garantizar el abastecimiento de alimentos.
La entidad de control señaló que esta problemática es el resultado de décadas de falta de control oportuno por parte de las autoridades regionales competentes. Aunque la suspensión se basó en el principio de precaución ambiental, la Procuraduría advierte que la medida ha generado un impacto desproporcionado en los derechos fundamentales. Para el organismo, la protección del ecosistema no debe anular la garantía de conexión vital para los habitantes locales hoy.
Entre los hallazgos más relevantes se destacan inconsistencias administrativas dentro de CORPAMAG, como la modificación injustificada del objeto de los permisos solicitados por operadores. También se detectaron deficiencias en la motivación técnica utilizada para negar las autorizaciones ambientales necesarias para el funcionamiento del ferry. Estas acciones podrían vulnerar principios constitucionales como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso administrativo de las empresas prestadoras del servicio.
El informe cuestiona la imposición de requisitos técnicos adicionales que no fueron exigidos oportunamente durante las etapas iniciales de los trámites ambientales. Asimismo, el ente de control observó una falta de coherencia en la valoración de las pruebas presentadas por las operadoras del transporte fluvial. Estas fallas en el procedimiento administrativo sugieren una posible negligencia por parte de los servidores públicos encargados de regular la actividad en el río.
Respecto a la erosión en la zona, la Procuraduría subrayó que estos procesos responden principalmente a dinámicas naturales del río Magdalena en el departamento. No existe evidencia técnica concluyente que atribuya directamente el deterioro de las orillas a la operación diaria del sistema de ferry. Por lo tanto, vincular ambos fenómenos para justificar la suspensión total del servicio carecería de sustento científico sólido según el análisis del Ministerio Público.
Ante este panorama, el informe fue remitido a las instancias disciplinarias para evaluar la responsabilidad individual de los funcionarios involucrados en el caso. La Procuraduría busca determinar si existió dolo o culpa grave en la gestión de un servicio público esencial para la economía del Magdalena. La transparencia en el manejo de los recursos naturales debe ir acompañada de una gestión administrativa eficiente que no paralice las regiones.
Finalmente, el organismo hizo un llamado urgente para encontrar soluciones que permitan restablecer el ferry de manera ambientalmente sostenible en el corto plazo. El objetivo es equilibrar la protección del entorno fluvial con el respeto a los derechos de movilidad de los ciudadanos de Salamina. La recuperación de esta conexión es fundamental para reactivar el comercio y asegurar la presencia del Estado en los municipios ribereños del norte de Colombia.
