La Policía Nacional ejecutó una ofensiva operativa sin precedentes contra el contrabando durante la última semana, con acciones simultáneas en Bogotá, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Maicao. La operación, adelantada por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dian, la Fiscalía General de la Nación y la agencia internacional HSI, incluyó 22 diligencias de registro y allanamiento sobre carga contenerizada y centros de acopio ilegal, resultando en la incautación de 574.818 unidades de mercancía avaluadas comercialmente en $36.252.911.701.
Las mercancías incautadas incluyen oro, confecciones, cigarrillos, calzado, autopartes, juguetes y alimentos perecederos de procedencia extranjera, ninguna de las cuales contaba con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país. En el caso de los alimentos perecederos y suplementos dietarios, las autoridades determinaron que no eran aptos para el consumo humano al carecer del registro sanitario exigido por el INVIMA, lo que convierte estas incautaciones no solo en un golpe a las finanzas del crimen organizado sino en una medida directa de protección a la salud pública de los colombianos.
Además de las mercancías, la operación permitió incautar $115 millones en efectivo, producto directo de la actividad criminal del contrabando. Este hallazgo es especialmente significativo porque representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras dedicadas a esta actividad ilegal. La identificación y decomiso del dinero en efectivo hace parte de una estrategia más amplia que ya no se limita a retirar mercancía del mercado ilegal, sino que busca afectar de manera estructural la capacidad económica de las organizaciones criminales que financian y coordinan estas redes de contrabando en el país.
“Hoy estamos cambiando la estrategia de lucha contra estas economías ilegales. No nos quedamos en la incautación: estamos identificando, judicializando y afectando las estructuras que financian el contrabando. Esto significa golpear directamente las finanzas de organizaciones criminales que evaden impuestos, afectan el comercio legal y comprometen la seguridad del país”, afirmó el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. Sus palabras describen un cambio de enfoque que prioriza el desmantelamiento estructural sobre la incautación puntual de mercancías.
El funcionario también llamó a la ciudadanía a reencuadrar su percepción sobre el contrabando. “Es importante invitar a los ciudadanos a ver el contrabando no como una simple evasión fiscal o la no declaración de mercancías ante las autoridades aduaneras. Es un fenómeno que financia el crimen y debilita al Estado”, señaló Carrillo Álvarez. Esta precisión conceptual busca romper la normalización social del contrabando, que en algunas regiones fronterizas del país es percibido como una práctica económica informal antes que como una actividad que alimenta estructuras criminales de mayor escala y complejidad.
La captura de una persona por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico se suma a los resultados operativos de la semana. El procesado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los cargos imputados. La dimensión judicial de la operación, que va más allá de la incautación para llegar a la captura y judicialización de responsables, refleja la articulación entre la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía como condición para que los resultados operativos se traduzcan en condenas reales y en un efecto disuasivo sobre las redes criminales.
Las 6 ciudades seleccionadas para la operación no son aleatorias. Bogotá, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Maicao representan los principales nodos de entrada, almacenamiento y distribución de mercancía de contrabando en Colombia. La presencia simultánea de la Policía Fiscal en todos estos puntos en una misma semana busca impedir que las redes criminales puedan redirigir sus flujos de mercancía hacia ciudades donde la presión operativa sea menor, una táctica que las autoridades han identificado como uno de los mecanismos de adaptación más frecuentes de estas organizaciones frente a los operativos de control.
La Policía Fiscal y Aduanera reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, garantizando absoluta reserva de la información. Los canales disponibles son la línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 3213942169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Cada denuncia ciudadana es un insumo valioso para las investigaciones y un recordatorio de que la lucha contra el contrabando no es responsabilidad exclusiva de las autoridades sino una tarea que requiere la participación activa y comprometida de toda la sociedad colombiana.
