La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de agredir sexualmente a una adolescente en la tarde del 23 de enero de 2026 en Cali, Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron cuando la menor tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López, sin saber que el trayecto derivaría en uno de los episodios de violencia más graves que puede enfrentar una persona en condición de vulnerabilidad.
Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, el procesado se desvió de la ruta habitual y condujo a la adolescente hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, sobre la vía que conduce a Palmira. En ese lugar, el hombre habría intimidado a la víctima con un arma blanca y la agredió sexualmente. La elección deliberada de un lugar apartado y sin testigos indica un nivel de premeditación que las autoridades tuvieron en cuenta al momento de formular los cargos correspondientes ante el juez de control de garantías.
Las evidencias indican además que el agresor le presionó el cuello a la joven hasta dejarla inconsciente, le arrebató el teléfono celular y huyó del lugar creyéndola sin posibilidad de reaccionar. La adolescente recuperó el conocimiento, logró conseguir ayuda de personas cercanas al sector y fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica. Su capacidad de reacción y la colaboración ciudadana que permitió activar la cadena de socorro fueron determinantes para que los hechos pudieran ser denunciados y la investigación se pusiera en marcha de inmediato.
Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. La operación conjunta entre la Policía y el CTI permitió dar con el paradero del sospechoso en un tiempo relativamente corto, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar que el procesado pudiera evadir la acción de la justicia o representar un riesgo adicional para otras personas en la región donde se desempeñaba como transportador informal.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes de Cali le imputó a Varona Guevara los delitos de feminicidio en grado de tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas con circunstancias de agravación. La imputación de feminicidio en tentativa refleja la valoración que la Fiscalía hace del intento de asfixia como un acto orientado a causar la muerte de la víctima por razones de género, en el marco de una agresión que combinó múltiples formas de violencia en un mismo hecho.
El procesado no aceptó los cargos formulados durante la audiencia de imputación, razón por la cual el proceso continuará su curso ante la justicia ordinaria. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, determinando que la libertad de Varona Guevara representa un riesgo para la sociedad y en particular para la víctima. Esta decisión judicial garantiza que el procesado permanezca detenido mientras avanza la investigación y se prepara el caso para la siguiente etapa del proceso penal colombiano.
El caso pone nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan las mujeres y las adolescentes al utilizar servicios de transporte informal en ciudades como Cali, donde el mototaxismo opera en zonas donde el transporte formal no llega con suficiente cobertura. La informalidad del servicio elimina los mecanismos de trazabilidad y control que podrían facilitar la identificación del agresor en caso de un ataque, dejando a las usuarias en una condición de vulnerabilidad estructural que las autoridades y los organismos de protección llevan años señalando sin que se adopten medidas de fondo.
La actuación de la Fiscalía a través de la Unidad Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes refleja el enfoque diferencial con que el sistema judicial colombiano aborda los crímenes que afectan a los menores de edad. La gravedad de los cargos imputados y la medida de aseguramiento en centro carcelario envían una señal clara sobre el tratamiento que el Estado da a este tipo de conductas. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, a través de los canales habilitados por la Fiscalía y la Policía Nacional.
