La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, ejecutó un operativo de gran escala para proteger la economía legal en la capital. Durante la jornada de este 17 de abril de 2026, las autoridades intervinieron diversos puntos de venta en el centro de la ciudad para contrarrestar el comercio ilegal. La acción coordinada buscó desarticular redes que introducen mercancías al país sin cumplir con los requisitos aduaneros y legales vigentes.
Los uniformados desplegaron visitas de control aduanero en 11 establecimientos comerciales ubicados en la localidad de Los Mártires, específicamente en el sector de la calle 13. En estas diligencias participaron funcionarios de la DIAN y la Secretaría de Seguridad, logrando la aprehensión de aproximadamente 40.000 accesorios para telefonía móvil. Estos productos, de procedencia extranjera, no contaban con las facturas o soportes que acreditaran su ingreso formal al territorio nacional.
La mercancía decomisada incluye una amplia variedad de artículos como estuches, repuestos técnicos, cargadores, baterías y audífonos de diferentes marcas globales. Según el avalúo comercial preliminar realizado por los peritos, estos elementos tendrían un valor cercano a los 600 millones de pesos. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas que fomentan la competencia desleal y afectan el recaudo fiscal necesario para la inversión social pública.
En el marco del mismo operativo, la Seccional de Investigación Criminal reportó un hallazgo sorprendente relacionado con el mercado negro de dispositivos móviles internacionales. Los agentes incautaron 122 teléfonos celulares que pretendían ser comercializados como artículos legales en los locales intervenidos. Al verificar los sistemas de identificación, se comprobó que los equipos figuraban con reportes vigentes de hurto en Perú, lo que evidencia una red transnacional de tráfico de tecnología.
La incautación de estos dispositivos robados en el vecino país demuestra la porosidad de las fronteras ante delitos que vulneran la propiedad privada regional. Las autoridades colombianas ya establecieron comunicación con sus pares peruanos para iniciar los trámites de restitución y profundizar en las investigaciones judiciales. Vender equipos hurtados en otros países es una estrategia común para evadir los bloqueos de bandas de seguridad locales en el mercado interno.
Este despliegue institucional busca salvaguardar la estabilidad de los comerciantes formales que cumplen con el pago de impuestos y aranceles estatales. La Policía Fiscal y Aduanera enfatizó que el contrabando no solo afecta la economía, sino que financia otras estructuras criminales de mayor impacto. Mantener la vigilancia en sectores estratégicos como Los Mártires es fundamental para recuperar la confianza de los consumidores en el comercio lícito y transparente bogotano.
La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de mercancías de dudosa procedencia. Para ello, se mantienen habilitadas la línea nacional 159 y canales digitales que garantizan absoluta reserva para los informantes. Proporcionar información oportuna permite que la fuerza pública actúe con celeridad frente a los depósitos de mercancía ilegal que se ocultan en barrios residenciales del centro capitalino.
Finalmente, los 40.000 accesorios y los 122 celulares incautados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para su posterior destrucción o trámite legal. Los propietarios de los establecimientos donde se halló la mercancía deberán responder en procesos administrativos y judiciales por el origen de sus productos. Con estas acciones, Bogotá refuerza su estrategia de seguridad económica para este 2026, priorizando la formalidad y el respeto absoluto a la normatividad aduanera.
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Bogota
